En dicha carta, Dávila denuncia que el Ministerio de Política Territorial pretende mantener un mecanismo que ya carece de amparo normativo tras la expiración de los plazos legales del Real Decreto-ley 2/2025.

Por todo esto, la consejera instó Torres a cesar en el impulso de cualquier iniciativa que pretenda actuar fuera del marco legal y los protocolos vigentes.

La Comunidad de Madrid señaló directamente al Gobierno de España como responsable de la crisis migratoria por no ejercer sus competencias en control de fronteras e inmigración. Según la consejera, el Gobierno ha sustituido la cooperación por "decisiones unilaterales" que han invadido competencias autonómicas y generado un "efecto llamada".

Además, critica un sistema de traslados que ha ignorado la valoración individualizada de los menores y su situación familiar. En este mismo sentido, también denuncia que se ha llegado a separar a grupos de hermanos y a trasladar a Madrid a jóvenes que ya tenían trabajo o familia de referencia en su lugar de origen, haciendo que sea mucho más sencillo que terminen marginados.

La carta califica de “llamativo” que el Ministerio hable de "solidaridad" cuando, a juicio de Madrid, el Estado solo ha cumplido sus obligaciones cuando se lo ha exigido un tribunal.

Dávila defiende que la Comunidad de Madrid ha cumplido "escrupulosamente" con la legalidad, pero subraya que no asumirá actuaciones que carezcan de amparo normativo.

Finalmente, la consejera recuerda que cualquier intento de promover reubicaciones al margen de los procedimientos legales supondrá una "actuación contraria a derecho", reafirmando su compromiso con la defensa de las competencias autonómicas frente a lo que califica como una gestión "injusta" de la emergencia migratoria.