Carabante afirmó que Más Madrid “cada vez que va a la Fiscalía, tiene un revolcón”, recordando una denuncia anterior de Más Madrid por viviendas de uso turístico, donde la Fiscalía “dijo que el Ayuntamiento había actuado de manera diligente” en la inspección y control de estos alojamientos. El delegado aseguró que en el caso de las Lagunas de Ambroz, la actuación también se hizo “conforme a derecho”.

Más Madrid presentó la denuncia porque considera que en el trámite para permitir que Tolsa explote la mina existe un posible delito de prevaricación contra el medioambiente al ignorar el valor ecológico de la laguna y que el proyecto puede afectar a especies protegidas.

Carabante explicó que la empresa Tolsa “tiene los derechos mineros porque así lo ha establecido la Comunidad de Madrid”. El Ayuntamiento trabajó con el Área de Economía y Hacienda de la Comunidad, que otorga esos derechos, y con la Consejería de Urbanismo y Medio Ambiente. El objetivo fue asegurar que la Centralidad del Este, un ámbito “de extraordinaria importancia para la ciudad de Madrid” que supondrá “miles de viviendas” y será “un epicentro de lo que debe ser la sostenibilidad”, fuera compatible con la explotación de esos derechos mineros.

El delegado reiteró que el Ayuntamiento está “coordinado con la Comunidad de Madrid” para que la Centralidad del Este sea compatible con la explotación minera. Además, buscan que este desarrollo sea “un icono de cómo debe ser los nuevos ámbitos, los nuevos desarrollos y la transformación urbana que viene en el futuro a la ciudad de Madrid”.