Ambos contratos sustituirán a los vigentes, que expiran el 14 de enero de 2027, y entrarán en vigor al día siguiente por un periodo de tres años, prorrogables a otros dos. Así lo anunció la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que dio luz verde a los contratos, cuyo objetivo es garantizar unas infraestructuras seguras, funcionales y accesibles.

El primer contrato, destinado a la atención, vigilancia y conservación, cuenta con un presupuesto de 32,9 millones de euros para mantener la seguridad estructural y la funcionalidad viaria. Incluye la resolución de incidencias y emergencias, la vigilancia rutinaria y la conservación preventiva y correctiva. Su ámbito de actuación se divide en dos lotes (norte y sur) y abarca pasos superiores e inferiores, muros, escaleras y rampas, entre otros. Quedan excluidas las estructuras de Madrid Calle 30, los túneles con control centralizado y parte del patrimonio histórico.

El segundo contrato, de inspección y seguimiento, tiene un presupuesto de 4 millones de euros. Su finalidad es dotar al Ayuntamiento de una asistencia técnica de ingeniería altamente especializada para el control técnico de sus estructuras. Este servicio no ejecuta obras, sino que realiza inspecciones, diagnósticos, seguimiento técnico e informes para que el Consistorio pueda supervisar el estado de las infraestructuras y la correcta ejecución del contrato de conservación.