Así lo manifestó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, tras presidir la reunión extraordinaria del Observatorio Regional de la Violencia de Género, celebrada en la sede de la Consejería.

Durante el encuentro, al que también asistió la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, se adoptó un acuerdo que insta al Ministerio de Igualdad a dar explicaciones “claras y oficiales” sobre lo ocurrido, así como a impulsar una auditoría independiente que determine con precisión el alcance de los errores.

“Es fundamental saber cuántas mujeres se han quedado sin protección, cuántos procedimientos judiciales se han visto comprometidos y si ha habido agresores beneficiados por este fallo”, señaló García Martín.

Además, el documento solicita información concreta sobre los motivos por los que algunas víctimas han solicitado la retirada de estos dispositivos, así como de los requerimientos, comunicaciones o alertas cursadas desde las Comisiones Provinciales de Violencia de Género y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto a fallos o incidencias de los mismos, y la respuesta que se ha ofrecido.

La Comunidad de Madrid también reclama al Ejecutivo central que adopte “de forma inmediata” las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de estos recursos, reforzando los protocolos de control técnico y seguimiento. Asimismo, ofrece su “plena” colaboración para mejorar los mecanismos de protección, “velando porque las víctimas puedan confiar plenamente en el sistema”.

El consejero informó de que en Madrid se han detectado 40 posibles casos de fallos en las pulseras antimaltrato: seis en las Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos, dependientes de la consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local; 31 a través de la Agencia de Seguridad y Emergencia ASEM 112, y otros tres, que se han comunicado al 012 Mujer.

PROTECCIÓN DE LAS MUJERES

Por su parte, la consejera Ana Dávila, que ya envió una carta al Gobierno de Pedro Sánchez el pasado martes 23, pidiendo explicaciones “inmediatas y exhaustivas”, explicó que desde la pasada semana su departamento ha recibido quejas de usuarias en el 40% de los servicios municipales de atención.

“La realidad es que muchas mujeres se sienten indefensas ante un sistema que, por fallos de conexión, cobertura o incluso manipulación por parte del agresor, las expone a un pitido constante, intervenciones policiales y comunicaciones desde la central en cualquier momento y lugar, ya sea en mitad de su descanso durante las horas de sueño, o en el desempeño de su jornada laboral”, aseguró Dávila.

En esta sesión del Observatorio también se abordó el último asesinato de una mujer en Getafe, ocurrido el 24 de junio, y se reiteró el compromiso del Gobierno regional “con la lucha contra esta lacra con medidas para la sensibilización y prevención, la formación de los agentes profesionales implicados y la atención integral a las víctimas”.