El portaoz de IU, Angel Magdaleno, afirmó hoy a Servimedia que disponen de datos "más que sólidos" para que se cree la comisión de investigación.

El pasado martes, en el Pleno municipal, IU propuso a PSOE e IU crear una comisión informativa sobre la cuestión. El alcalde dijo que habrá una respuesta sobre todo el tema después de las fiestas, sobre el 10 y el 12 de enero.

Magdaleno indicó que primero les propondrán a los socialistas constituir la mencionada comisión, ya que IU no puede pedir su creación sóo con sus votos, y que si no aceptaran, la Asamblea local dio su visto bueno para que unan sus votos a los del PP. "Estamos dispuestos a recurrir a quien sea, con tal de llevar la investigación adelante", aseguró.

DENUNCIADO POR EL PP

Como denunció el Partido Popular el pasado mes de septiembre, el alcalde socialista de Alcobendas, José Caballero, firmó en 1988 un convenio secreto con la empresa inmobiliaria Hispamer, actualmente del grupo Vallehermoso, en el que se contemplaban importantes modificaiones del Plan General.

Según señaló a Servimedia el concejal del PP Juan Carlos Jiménez, esta empresa y otras filiales suyas compraron numerosas parcelas tres meses antes y cinco después de la firma del mencionado convenio, el 21 de marzo de 1988.

Los populares argumentan que ese acuerdo hubiera sido válido si hubiera contado con la aprobación del Pleno, tal y como establece el artículo 22 de la Ley de Bases de Régimen Local. Sin embargo, las modificaciones que contiene el convenio, al que ha teido acceso Servimedia, han ido aprobándose en Pleno poco a poco con los votos de los concejales socialistas, que ostentan la mayoría absoluta.

El convenio consta de cinco estipulaciones firmadas por el alcalde, Agustín Barbón López, en representación de Hispamer y dos filiales suyas, Alfer Consulting Inmobiliario y Procyt, y el entonces secretario municipal, Ramón Robles Moratinos, que actuó como fedatario.

En el documento se acordaba modificar el primer y segundo Cuatrienio de suelo urbanizable rogramado, así como el Suelo Urbanizable No Programado del Arroyo de la Vega, casi medio millón de metros cuadrados edificables situados a ambos lados de la variante de la N-I que unen el casco viejo de la localidad con las urbanizaciones de El Soto y La Moraleja.

Entre las modificaciones del Plan General pactadas entre José Caballero e Hispamer figuran suprimir 333 viviendas del Primer Cuatrienio, todas las viviendas sociales del Arroyo de la Vega (se hablaba de unas 2.500, aunque no estaban programaas) y cambiar el uso de los terrenos donde hoy se levanta el centro comercial "La Gran Manzana", que estaban destinados en un principio a construir un hospital que diera servicio a la zona norte de la Comunidad de Madrid (CAM), según el PP.

En el Primer Cuatrienio se estipulaba que la reducción de la edificabilidad de viviendas iría en beneficio del sector comercial y de servicios (terciario) a cambio de eximir al Ayuntamiento de los costes de urbanización.

El punto 2.3.1. del convenio dice textulmente que "el Ayuntamiento tramitará en su caso las modificaciones del Plan General, de los Planes Parciales de los Tres Sectores y, si fuese necesario, de los Proyectos de Urbanización, con aprobación simultánea de dichos instrumentos en los casos en que sea procedente".

CONVENIO SECRETO

Según Jiménez, el alcalde de Alcobendas mantuvo oculto este acuerdo durante seis años. En primer lugar, al Pleno de la Corporación; en segundo lugar, al Juzgado de instrucción que investigó el fraude fiscal de 3.32 millones de pesetas por la compraventa de terrenos en el Arroyo de la Vega y otros lugares entre 1987 y 1990, y, finalmente, a la opinión pública.

Cuando saltó el caso del fraude fiscal, en 1992, el PP de la localidad solicitó al Pleno la relación de los acuerdos que el equipo de gobierno había firmado con las empresas implicadas en el fraude, entre las que figuraban Procyt e Hispamer.

En un escrito de respuesta firmado el 18 de enero del 91 por el secretario municipal, Jesús Perandones García,sustituto del fallecido Robles Moratinos, no figura el convenio que firmaron Caballero y Barbón el 21 de marzo de 1988.

Todos estos extremos y algunos más que el PP prefiere ocultar de momento para no dar a conocer todas sus cartas serán remitidos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la próxima semana, según confirmaron hoy a Servimedia fuentes del PP, por si son constitutivos de delito.

Juan Carlos Jiménez señaló que "la Fiscalía tiene que estudiar cuál ha sido el alcance qu el convenio ha tenido ante propietarios minoritarios, que sin conocer el convenio han vendido sus propiedades a un precio sin saber siquiera lo que ahí iba a haber".

VERSION SOCIALISTA

Por su parte, fuentes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas, del Partido Socialista, han insistido en la versión que dieron el pasado mes de septiembre, cuando surgieron las primeras denuncias del PP.

Para el PSOE, el convenio es un acto puramente administrativo, independiente de los planes urbansticos, que sí deben ser aprobados en Pleno. Además, "no se han modificado los parámetros urbanísticos del Plan General de 1984 y, por tanto, nadie ha podido beneficiarse de una supuesta información privilegiada".

"La competencia de aprobación de los convenios no se encuentra atribuida específicamente a ningún órgano municipal", señalan los socialistas, "por lo que corresponde en exclusiva al alcalde en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.1.m de la Ley de Bases de Régimen Local".

"Es falso qe, a través del convenio, se modifique sustancialmente el Plan General de 1984. Las previsiones de viviendas en el suelo urbanizable programado que contemplaba el Plan General se han mantenido e incluso incrementado, al pasarse de las 3.050 inicialmente previstas a las 3.368 que actualmente se contemplan. En ningún caso, además, se ha alterado ni la edificabilidad ni el aprovechamiento medio fijado", asegura el PSOE.

En cuanto a "La Gran Manzana", en el Primer Cuatrienio del Plan del 84 se contemplabala posibilidad de un gran centro comercial de 40.000 metros cuadrados, pero esta previsión no había sido desarrollada "ni siquiera a nivel de planeamiento", asegura el equipo de Gobierno.

Este centro comercial, una realidad desde hace más de un año, se contemplaba construirlo en el Segundo Cuatrienio en el convenio de Caballero con Hispamer.