Así lo avanzó este lunes el portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante su intervención en un encuentro informativo organizado por Europa Prees.

García Martín detalló que el Estado está obligado, de acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica, por el principio de lealtad institucional, a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas; obligación que “resulta esencial” para que las comunidades afectadas puedan conocer ese impacto y plantear, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las oportunas para sufragar y compensar esos costes. Hasta la fecha, no se ha recibido financiación por parte del Estado.

Por ello, explicó, “dado que el pasado viernes no se celebró la Conferencia Sectorial de Justicia porque el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes rehusó plantear estas medidas, acabamos de realizar un requerimiento previo al Gobierno central instándole a cumplir con sus obligaciones legales, el cual, de no ser atendido, nos llevará a formular el oportuno recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo”.

García Martín denunció que se trata de una norma que se ha hecho “sin contar con las comunidades autónomas que tenemos competencias en esta materia y, por lo tanto, la responsabilidad última de su ejecución, ni tampoco con el Poder Judicial”. De este modo, aseguró que “supondrá para la Comunidad de Madrid un gasto de 43 millones de euros”.

Asimismo, el consejero informó que ha enviado una nueva carta al ministro de Justicia, Felix Bolaños, instándole a convocar una nueva Conferencia Sectorial de Justicia que incluya seis puntos esenciales para el funcionamiento del sistema judicial, que incluye la financiación de la Ley de Eficiencia.