La razón esgrimida es que este “objetivo", recogido de forma “desiderativa” en el artículo 55.2 de la Ley del Sistema Universitario, es “un indeterminado jurídico y ajeno por completo a la realidad financiera de las comunidades autónomas y nuestras universidades públicas”.

El consejero defiende que un “porcentaje aleatorio del PIB no aporta información real de las necesidades efectivas” de las universidades públicas, de su tamaño, del mantenimiento de sus instalaciones, ni del volumen de su gasto corriente; ni “es reflejo de lo que una administración invierte o debe invertir en sus universidades, sus colegios o sus hospitales”, ya que “esto se mide a través del esfuerzo presupuestario”.

En este sentido, Viciana subraya que la Comunidad de Madrid “lleva años haciendo una inversión anual en las universidades públicas de Madrid superior al 4% de sus Presupuestos Generales”, acogiendo “a casi el 20% de los estudiantes de toda España, mientras que Madrid representa el 14% de la población total; otra realidad que tampoco refleja el PIB”.

El Gobierno madrileño alega, además, que el PIB tampoco tiene en cuenta “la deficiente financiación” de las comunidades autónomas, que condiciona directamente su presupuesto, ni “que el Gobierno central solo parece estar dispuesto a reformar para contentar a separatistas y otros socios sin los cuales no podrían mantenerse en el poder”.

MÁS DE 3.000 MILLONES

El consejero madrileño cifra en 3.000 millones de euros la inversión anual que supondría para Madrid llegar al 1% del PIB para 2030, lo que se traduciría en 2.000 millones de euros más que en 2024, y casi 1.000 millones de euros más que el total del presupuesto de gastos de las seis universidades públicas. “Todo ello”, añade, “sin tener en cuenta la inflación” y cuando la memoria económica de la LOSU estimaba el coste “entre 236,6 millones de euros y un máximo de 797,2 millones para toda España”.

“Es una cifra arbitraria e irreal que solo busca hipotecar de nuevo a las comunidades autónomas que ya están teniendo que afrontar los sobrecostes derivados de los cambios de dedicación de la LOSU y del Programa ‘María Goyri’”, señala.

“No vamos a contribuir a que el Gobierno central siga imponiendo cargas arbitrarias y mal calculadas, puramente ideológicas, ni que continúe sin asumir ninguna responsabilidad financiera sobre sus propias normas, mientras condona deudas a sus socios, o negocia condiciones especiales de financiación con las comunidades autónomas que le interesan electoralmente”.