Así lo anunció el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves.

Esta aplicación, que estará disponible en Android e IOS, ahorrará desplazamientos innecesarios y reducirá la masificación de los juzgados. Hasta el momento, la información estaba disponible en la web de la Comunidad de Madrid a través de la sede judicial electrónica.

Durante su intervención, García Martín explicó que se han reducido hasta un 20% los tiempos de tramitación relacionados con la administración de Justicia.

Además, desgranó también algunas de las líneas estratégicas para avanzar en la modernización de la Justicia. Por ejemplo, el Gobierno regional está trabajando en eliminar de forma gradual los documentos físicos e implantar el Expediente Judicial Electrónico. Para ello, el Gobierno regional ya está informatizando los archivos de Justicia Gratuita, con más de 23 millones de expedientes; así como los de Colegios Profesionales y Fundaciones, y el de Gestión de Personal.

También, se está incorporando el Índice Electrónico de los expedientes judiciales, y se está complementando la digitalización del Archivo Judicial Territorial.

Asimismo, ya se ha puesto en marcha el Buscador 360º, con más de 37 millones de documentos registrados y más de 300.000 vídeos, permitiendo a los operadores judiciales recuperar la información desestructurada de un expediente.

Según explicó el consejero, la otra de las líneas estratégicas responde a la dotación de medios tecnológicos las sedes y puestos de trabajo. Así se hizo en las inauguraciones de las sedes de Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial y Valdemoro, que cuentan con la tecnología más moderna.

Además, el Ejecutivo autonómico busca interconectar los sistemas informáticos de Justicia con el resto de las Administraciones públicas. Una intercomunicación que la Comunidad de Madrid está llevando a cabo entre los distintos sistemas de gestión procesal y las aplicaciones informáticas que utilizan otros organismos autonómicos y del Estado.