Así lo afirmó la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante un desayuno informativo con periodistas, donde constató que “la lealtad institucional siempre había existido y siempre que establecían una norma, contábamos con los recursos para ello”, pero lamentó que “esto ha dejado de ser así”.

Albert señaló que, “como no tienen presupuestos en el Gobierno de España, pues no tienen mecanismos”, y añadió que, “otras veces, aun teniéndolos, dicen que lo asuman las comunidades autónomas”, y lo asimiló a la frase de ‘yo invito a la fiesta, pero tú pagas’.

La responsable de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid señaló que han hecho un recuento porque “ya empiezan a ser unas cantidades realmente preocupantes” de cuánto supone desde 2019 todo lo que les adeuda el Estado y comentó que “la cantidad asciende a más de 10.500 millones de euros”.

“Se dice pronto, pero es mucho dinero que, en realidad, no es que perjudique a la Comunidad de Madrid ni a su Gobierno, sino que es dinero que no llega a los servicios públicos de los madrileños”, denunció la consejera madrileña.

2.350 MILLONES DE DEPENDENCIA

Albert explicó que la principal partida de estos 10.500 millones es que, a día de hoy, por la Ley de Dependencia, en la que el Estado se comprometió a pagar el 50% y no lo ha hecho, “nos adeudan 2.350 millones de euros”. Así, “si lo ponemos por año, son 365 millones, con lo cual, cada día de Dependencia el Estado nos adeuda un millón de euros”. Por ello, reclamó que “no es que nos den financiación adicional, es la que se comprometieron a dar y que nunca han dado”.

En cuanto a inversiones, la consejera madrileña habló de todo lo relativo al Plan Hidrológico del Tajo, donde “se comprometieron 221 actuaciones por valor 1.580 millones que no se han llevado a cabo”.

Además, tampoco “nos han dado los recursos de inversiones que tenían comprometidas para depuradoras, con un total de 1.200 millones, que son para cumplir con la normativa europea. Por ello, “luego si nos ponen sanciones desde la Unión Europea, pues las tendría que pagar el Gobierno central por no haber hecho las inversiones que se comprometió”.

En este sentido, continuó, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, “adeuda al Consorcio Regional de Transportes (CRTM) 268 millones”, y sobre la Ley de Eficiencia de la Justicia de la que “habló mucho” el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, “nos dijeron que iban a destinar 44 millones a la Justicia y no los han pagado”. Tampoco, continuó, los 27 millones “que nos deben de la asistencia sanitaria que damos a los presos de las prisiones”.

Por ello, Albert recalcó que “no digo que nos den más”, pero “al menos que nos den lo que se han comprometido”. De este modo, “pueden querer ir contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero lo que no pueden ir es contra los madrileños”, porque “son todo recursos que van a los madrileños y que hacen que los servicios públicos de los madrileños no empeoren”.

A este respecto, la responsable de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid denunció que lo tenga que asumir un Gobierno autonómico, que “es el que más aporta a la caja común” y que, sin embargo, “para los servicios públicos de los madrileños, por cada habitante, recibe mucho menos que otras comunidades”.