Según informó el Gobierno regional tras la reunión del Consejo de Gobierno, una de las principales novedades de la norma establece que el Abogado General deberá pertenecer al Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid y acreditar al menos diez años de experiencia profesional.

El texto será remitido ahora a la Asamblea de Madrid para iniciar su tramitación parlamentaria, con la previsión de que pueda entrar en vigor el próximo mes de septiembre. La norma sustituirá a la actual ley, vigente desde 1999, con el objetivo de adecuar su estructura y competencias a las necesidades actuales de la Administración madrileña.

Igualmente, el texto actualiza la organización interna de la Abogacía General y crea una Secretaría Técnica que prestará apoyo general y asumirá, entre otras tareas, la elaboración de estudios e informes especializados.

MÁS GARANTÍAS JURÍDICAS

El proyecto profundiza, además, en la regulación del acceso al Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid con el fin de preservar su cualificación, su carácter técnico y su independencia.

Asimismo, la ley renueva el sistema de informes jurídicos, aclara su contenido y los diferencia de las consultas jurídicas, ampliando el uso de estas últimas por parte de los órganos de la Administración regional.

La nueva Ley de la Abogacía General mejorará el funcionamiento de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, lo que permitirá una defensa más ágil y eficaz de los intereses públicos. De este modo, contribuirá a reforzar la protección del patrimonio histórico, el medioambiente y los derechos sociales, entre otros ámbitos.