En una carta formal enviada este lunes, la consejera denuncia el "incumplimiento reiterado" del Gobierno de España en su obligación legal de cofinanciar, "al menos al 50%, el coste efectivo del sistema" junto a las comunidades autónomas.

Según la misiva, en 2024 la aportación estatal en Madrid fue de apenas el 27,5%, cifra que se prevé similar para 2025, "generando una deuda acumulada con los madrileños vulnerables cercana a los 3.000 millones de euros al cierre de 2025".

Este déficit financiero supone un "agujero" que crece a un ritmo superior al millón de euros diario. Dávila subrayó que no se trata de "una cifra abstracta", ya que esos recursos habrían permitido la creación de 12.000 plazas residenciales o la financiación de más de 17 millones de horas de ayuda a domicilio.

Además, en el escrito rebate que el Gobierno se ampare en la prórroga presupuestaria para no cumplir la ley, señalando que el reciente Real Decreto-ley para la financiación de la ELA demuestra que existen instrumentos legales cuando hay voluntad política.

Finalmente, la representante del Gobierno regional critica que la infrafinanciación se vea agravada por la suscripción de "acuerdos bilaterales" con solo algunas comunidades autónomas y criticó que se utilice la financiación social como "moneda de cambio política", lo que a su juicio compromete la igualdad entre los españoles.

Por todo esto, instó al ministro a abordar de manera "directa y rigurosa" la sostenibilidad del sistema para garantizar una atención digna a las personas más vulnerables en todo el país.