Así lo asegura Servet, que también es doctor en Derecho, en un artículo titulado 'La situación actual de la ocupación ilegal de inmuebles en España', que ha sido publicado en el número de septiembre-octubre de la revista 'Escritura Pública', que edita el Consejo General del Notariado.

Este magistrado indica que en España se presentan "15.000 denuncias al año" de ciudadanos que ven cómo sus viviendas son ocupadas ilegalmente, "sin que el sistema legal establecido haya arbitrado mecanismos ágiles y eficaces para devolver la posesión a sus propietarios".

El juez del Alto Tribunal, en este artículo recogido por Servimedia, sostiene que este problema de okupación "no es admisible en un Estado de derecho" y destaca que las 15.000 denuncias anuales en España reflejan la magnitud de un problema que requiere una respuesta inmediata del sistema judicial.

MODELO EUROPEO

Defiende que "en todos los países de la UE, sin excepciones, cuando una persona realiza una ocupación ilegal es expulsada de forma inmediata antes de que transcurran las 72 horas", lo que ha reducido significativamente los casos.

Argumenta que si existiera un sistema que garantizara la expulsión en 72 horas "no existiría la proliferación de hechos que se están produciendo ahora mismo", ya que los autores se aprovechan de los retrasos del sistema.

El magistrado considera que cuando hay demoras en adoptar soluciones inmediatas los autores de estos hechos "se aprovechan para incrementar estas conductas", lo que genera "una absoluta indefensión de los ciudadanos cuyas casas están siendo ocupadas".

Sostiene que "pocas cosas pueden causar un daño tan terrible a un ciudadano como que se apoderen de tu casa" y diferencia entre bienes muebles "sustituibles" y la pérdida de posesión de un inmueble.

CHANTAJES Y EXTORSIONES

Denuncia que los okupas actúan "con claro conocimiento de los retrasos" y comunican a los propietarios "que tienen derecho a estar allí hasta que un juez se lo ordene", llegando incluso a solicitar indemnizaciones para abandonar el inmueble.

Alerta de que muchos propietarios "se han visto obligados a indemnizar a los autores de la ocupación ilegal con cifras que llegan a los 5.000 euros para poder recuperar la posesión de su inmueble".

El magistrado propone como solución más eficaz "aprobar una Ley integral ante el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles" que incluya un nuevo artículo en la ley procesal penal para la expulsión inmediata.

Defiende que la "situación de posible vulnerabilidad de los okupas no se puede tener en cuenta a la hora de tomar la decisión sobre la expulsión inmediata" y que el juez debe trasladar a la Administración esta circunstancia.

COMPARACIÓN CON ROBOS

Establece una comparación con la sustracción de vehículos, en las que "cuando los agentes policiales detienen a la persona que los ha sustraído inmediatamente practican la detención y proceden a la devolución del vehículo a su propietario legítimo".

Critica que en ocupaciones ilegales se mantenga "en muchas ocasiones en la posesión ilegal a quien ha accedido" al inmueble, mientras que en robos de coches la devolución es inmediata.

También aborda los casos de "inquiokupación", donde personas firman contratos de arrendamiento "con clara voluntad de no cumplir el pago de la renta", lo que considera un delito de estafa que debe conllevar expulsión inmediata.

Concluye que "este problema tiene soluciones" y que "la cuestión solo es aprobar la Ley para poder resolver la ocupación ilegal de inmuebles en España".