Martín Pallín, que participa en un encuentro sobre "El urbanismo, factor de corrupción" en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), recordó en rueda de prensa que la Constitución declara la autonomía municipal en materia de urbanismo, si bien hay que precisar "hasta dónde puede llegar esta autonomía".

Por ello, el magistrado del Supremo abogó por la creación de "un organismo centralizado que pudiese llamar la atención e incitar a los tribunales para que no se traspasasen unos límites generales de normas urbanísticas".

Según Martín Pallín, "existen instrumentos legales suficientes en estos momentos para aplicar el derecho penal como elemento corrector drástico y el derecho administrativo como elemento protector" para hacer frente a la corrupción urbanística.

Sin embargo, reconoció que "el sistema administrativo ha fracasado rotundamente" y que "judicialmente no hemos sabido estar a la altura de las circunstancias y dar una respuesta en tiempo razonable".

Además, el magistrado consideró necesario que se utilicen "los elementos de suspensión y paralización de decisiones" en materia de ordenación del territorio y urbanismo, como se ha hecho, en otro ámbito, en la OPA de E-On sobre Endesa.

Los jueces tienen "las mismas facultades exactamente" para paralizar planes de urbanismo o asuntos financieros, "y no sé por qué no se puede hacer con un Plan de Urbanismo General o con uno Parcial", indicó Martín Pallín.

Sobre la Operación Malaya, el magistrado explicó que "era esperable", porque "teníamos todos los datos en la mano para saber que se estaba produciendo".

Sin embargo, quiso dejar claro que estas tramas no se reducen sólo a Marbella, sino que es algo "absolutamente generalizado". Por ejemplo, "empezamos a detectar una presión urbanística bastante intensa sobre la costa cantábrica", agregó.