José Luis Requero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, manifestó a Servimedia que, a falta de conocer el texto definitivo de la Ley, hacen suyas las advertencias del Consejo del Poder Judicial, y critican que una norma de esta naturaleza "que afecta a aspectos judiciales soslaye el dictamen del Consejo".

Requero no quiso hacer juicios de intención sobre los últimos fines de esta normativa, aunque puntualizó que las leyes hay que hacerlas "como Dios manda" y ésto quiere decir que hay que oír las recomendaciones del Consejo del Poder Judicial.

Por su parte, Monstserrat Comas, portavoz de Jueces para la Democracia, señaló a esta agencia que la ley aprobada ayer tiene aspectos positivos y negativos. Entre estos últimos, criticó que se haga público un informe anual con los fallos de las sentencias sobre esa materia dictadas en la comunidad autónoma.

Recordó que la Constitución ampara la publicidad de las sentencias íntegras, pero no parcializadas. "Publicar los fallos al margen del conocimiento de los hechos y razonas por las que se condena a una persona puede vulnerar la Ley de Protección de Datos e impide los fines de inserción social de todos los delincuentes, porque el uso posterior que se haga del nombre de estas personas se escapa al control de la Justicia y les estigmatiza para siempre", agregó. Destacó que la normativa también contiene aspectos positivos, como la aprobación de programas de prevención de los malos tratos, ayudas psicológicas, económica y de asesoramiento a las víctimas, la creación de nuevos centros de acogida, o la realización de las campañas permanentes de sensibilización de la sociedad.