Esta línea contará con personal especializado para atender en primera instancia a los afectados por estas prácticas con toda la información necesaria sobre cuáles son sus derechos y cómo hacerlos valer ante los acosadores.

Este teléfono es una de las medidas que recoge el acuerdo del Ministerio y la FEMP para luchar contra el acoso inmobiliario, práctica que sufren, sobre todo, las personas mayores.

Así, el próximo viernes el Ministerio firmará un convenio con diez ayuntamientos españoles para desarrollar una experiencia piloto que consistirá en el desarrollo de una serie de acciones conjuntas para proteger a los arrendatarios acosados frente a las prácticas abusivas.

En concreto, serán los ayuntamientos de L'Hospitalet de Llobregat, Fuenlabrada, Gijón, Denia, La Coruña, Vitoria, Getafe, Córdoba, Elche y Las Palmas, los primeros que colaboren con el Gobierno.

Los ayuntamientos adscritos al programa tomarán en cuenta las denuncias efectuadas por los ciudadanos víctimas de acoso inmobiliario, facilitadas por el Ministerio y recabarán la intervención de los servicios sociales municipales cuando el caso lo requiera y se encuentre dentro del ámbito de su actuación.

Asimismo, dirigirán a los ciudadanos hacia los servicios de orientación y asistencia jurídica gratuita que se puedan prestar por la propia administración municipal, por otras administraciones públicas o por colegios profesionales.

Otros ayuntamientos han mostrado su interés en sumarse al programa y han señalado que harán efectiva su participación en los próximos meses.