Durante el congreso, que se rolongará hasta el próximo día 11, la asociación de jueces debatirá, entre otras cuestiones, la posibilidad de fiscalizar las actividades discrecionales de la Administración, así como la exigencia de proporcionalidad en su trabajo.

Asimismo, analizará la creación y profundización en un espacio de diálogo entre el ciudadano y la Administración y la constitución de instituciones públicas de mediación entre aquél y ésta, como medios para resolver los conflictos sin necesidad de recurrir "a la hasta ahoraincapaz jurisdicción de lo contencioso-administrativo", señala JpD en un comunicado.

El congreso también incidirá especialmente en el "flagrante y reiterado incumplimiento" de creación de los juzgados unipersonales de lo contencioso-administrativo.

A juicio de la asociación, es preciso agilizar esta parcela de la jurisdicción, como muestra el hecho de que en entre 1991 y 1995 el número de asuntos pendientes en la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional pasó de 16.128 a 22.08, mientras que los pendientes en el conjunto de las salas de los tribunales de justicia de las comunidades autónomas se elevó de 100.016 a 157.609.

Según Jueces para la Democracia, la Administración debe servir por mandato constitucional y con objetividad a los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, mientras que los tribunales competentes tienen que controlar la actividad reglamentaria de la Administración y el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

Con stos principios básicos, para JpD es imprescindible reflexionar sobre asuntos siempre capitales para el ciudadano, "buena parte de cuya felicidad puede verse empeñada por un incorrecto despliegue de la actividad de la Administración".