Los secretarios generales de UGT y CCOO, Josep M. Alvarez y Josep Lluís López Bullas, respectivamente, encabezaron la marcha que, bajo el lema "a Europa con una Catalunya industrialmente activa", terminó ante la sede del Gobierno catalán, en la Plaça Sant Jaume, donde una comisión de participantes entregó un manifiesto al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

La manifestación fue uno de los actos que durante todo el día de hoy tenían convocados los representantes sndicales de cerca de 50.000 trabajadores, pertenecientes a 70 empresas afectadas por la crisis industrial.

Durante la jornada de protesta, los trabajadores realizaron asambleas en el interior de las industrias y finalizaron las acciones de protesta con un paro de entre dos y cuatro horas de duración, según los casos.

Los secretarios generales de los dos sindicatos implicados manifestaron que la jornada de protesta pretende ser una llamada de atención dirigida al Ejecutivo catalán, para que apliqu una política industrial activa y territorialmente equilibrada que inicie un proceso negociador con los sindicatos.

Los sindicatos afirmaron que la crisis afecta principalmente a las comarcas del Berguedà, Ripollès, Anoia, el Bages, la Conca de Barberà y el Baix Ebre.

El secretario general de CCOO criticó las declaraciones del ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, y el consejero de industria de la Generalitat, Antoni Subirà i Claus, en las que afirmaban que Cataluña no padece ningún poceso de desindustrialización.

Josep Lluís Buyas aseguró que tanto Solchaga como Subirà han demostrado con sus declaraciones que desconocen la realidad de la industria catalana.

El representante de CCOO invitó a ambos a visitar las comarcas más afectadas por la desindustrialización para que hagan una valoración del problema real que sufren ciertas comarcas catalanas.

Antoni Subirà i Claus manifestó hoy en Gerona, que las quejas de los trabajadores son negativas, e insitió en que esa situació de desindustrialización que denuncian no es real, puesto que, en el caso de la comarca del Ripollés, la Generalitat ha concedido un total de 4.000 millones de pesetas de los que ya se han invertido 435 millones.