La denuncia, presentada por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad Remón, se dirige contra el delegado del Gobierno por un presunto delito de prevaricación administrativa omisiva, recogido en el artículo 404 del Código Penal, y por un presunto delito del deber de perseguir delitos, tipificado en el artículo 408 del mismo código.

Manos Limpias enmarca la denuncia en la acampada promovida por el sindicato en la noche del sábado tras la manifestación por el derecho a la vivienda y pare exigir la aprobación del "decreto Maricarmen" en Madrid. El sindicato denunciante sostiene que dicha acampada “no está avalada, en un espacio público por ninguna norma del ordenamiento jurídico” y la califica de “literalmente ilegal”.

El sindicato argumenta que la inacción del delegado del Gobierno supone una “decisión consciente de no intervenir donde la ley le exige hacerlo” y enumera los perjuicios al interés público y privado que, a su juicio, está causando la protesta, como problemas en la “circulación de vehículos, circulación peatonal, comercio, turismo, e insalubridad en pleno corazón de la capital de España”.

En virtud de estos hechos, Manos Limpias solicita al juzgado que admita la denuncia y proceda a la apertura de las correspondientes diligencias penales. Además, en el documento adelanta que, una vez abiertas dichas diligencias, Manos Limpias transformará la denuncia en una querella, de manera, que pueda personarse como acusación particular en el caso de que se abra un proceso judicial.