Así lo expresó en su comparecencia en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Senado para informar sobre su experiencia con el sistema Cometa.

Carmona también lamentó la “falta de confianza por parte de las propias víctimas” en el sistema Cometa, así como los fallos de cobertura y técnicos de los dispositivos antimaltrato. Además, alertó de un retroceso preocupante en el uso de estos dispositivos electrónicos de control a agresores, pese a que el número de casos de violencia de género incluidos en el sistema VioGén sigue aumentando.

La magistrada expuso que está creciendo el número de desinstalaciones de pulseras antimaltrato mientras disminuyen las nuevas imposiciones, lo que rompe la tendencia ascendente de años anteriores. De este modo, advirtió que este descenso no responde a una menor necesidad de protección, sino a la citada pérdida de confianza en el sistema Cometa por parte de los órganos judiciales, de las fuerzas de seguridad y las víctimas.

Carmona recordó el problema de las pulseras relacionado al cambio de contratación de 2024. Sobre los principales fallos en los dispositivos actuales, dijo que las pulseras no son resistentes al agua y son fáciles de manipular y desinstalar por el agresor. Ambas cuestiones se mejorarán en el nuevo contrato del servicio que el Ministerio de Igualdad sacará a licitación en los próximos meses, según avanzó ya su titular, Ana Redondo.

También aseguró que la caída en el uso de las pulseras no es un dato neutro, sino una “señal de alarma” que debe preocupar a las instituciones, porque afecta directamente a la capacidad del Estado para proteger a las víctimas de violencia machista.

Además, hizo algunas peticiones al Gobierno y al sistema judicial, centradas en la sobrecarga de los juzgados de violencia sobre la mujer, el aumento de la violencia sexual, especialmente contra menores, y la falta de especialización judicial.

En primer lugar, advirtió de que, tras la ampliación de competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, estos órganos están asumiendo casos muy complejos que van más allá de la violencia en pareja, como trata de seres humanos y violencia digital, lo que incrementa su carga de trabajo.

Denunció que España solo tiene tres tribunales especializados en infancia y adolescencia (Barcelona, Málaga y Madrid), lo que considera insuficiente. Recordó que, por falta de estos juzgados especializados, los juzgados de violencia sobre la mujer están instruyendo casos con víctimas menores, cuando no deberían hacerlo.

Aunque el CGPJ recomendó que estos asuntos pasen a juzgados de instrucción, Carmona advirtió de que estos órganos tampoco tienen especialización, por lo que urgió a crear y desplegar bien juzgados especializados de infancia y adolescencia.

Por otro lado, pidió el desarrollo pendiente de la especialización judicial en violencia de género. Señaló que esta es una demanda histórica de la judicatura y señaló que actualmente hay jueces no especializados dictando sentencias y resoluciones en segunda instancia, lo que “compromete” la calidad y la coherencia de las decisiones judiciales.

Carmona concluyó agradeciendo el trabajo hecho en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, destacando que las políticas están dando resultados, pero “queda muchísimo por hacer”.