Así lo expresó en su comparecencia en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en la que también puso el foco en fallos existentes en el sistema judicial, en particular en la falta de coordinación entre órganos, recordando casos que evidenciaron estas carencias, como el ‘caso Sueca’.

De este modo, reclamó mejorar la interconexión de sistemas como el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (Siraj) y VioGén para que los jueces dispongan de toda la información relevante, ya que, actualmente “no todas las denuncias” quedan registradas en los sistemas accesibles para los tribunales.

La jurista advirtió sobre la gravedad, extensión y complejidad de la violencia vicaria y subrayó que no se limita a los asesinatos, sino que incluye amenazas constantes, maltrato psicológico y coacciones. De hecho, alertó de que el miedo a represalias contra los hijos es una de las principales razones por las que muchas mujeres no denuncian: “Las mujeres nos dicen que sus parejas las amenazan con hacer daño a sus hijos”, relató.

En este sentido, describió un “escenario de miedo” en el que las víctimas permanecen en el domicilio para proteger a sus hijos. Así pues, Carmona sostuvo que la violencia vicaria es, en muchos casos, “predecible”, e insistió en la necesidad de reforzar la prevención: “Eso es donde tenemos que poner el foco”.

En esta línea, criticó que todavía no existan valoraciones específicas del riesgo en menores, lo que dificulta su protección efectiva. Igualmente, insistió también en la gravedad de estos delitos, que el Tribunal Supremo describe como actos de “pura maldad”, sin que puedan justificarse por trastornos mentales u otras circunstancias atenuantes.

Además, la jurista recordó que la violencia vicaria puede extenderse más allá de los hijos, incluyendo daños a otros familiares o incluso mascotas, utilizadas como instrumento para infligir sufrimiento.

Por otro lado, Carmona abordó la necesidad de mejorar las herramientas legales, especialmente en lo relativo al régimen de visitas, defendiendo que, en casos de violencia, debe suspenderse o directamente no establecerse.

También llamó a desarrollar plenamente la especialización judicial en violencia de género y en infancia, aún pendiente, y a ampliar los tribunales especializados en menores, que son “claves” para detectar situaciones de riesgo. La jurista también apeló a seguir avanzando en la visibilización y definición legal de la violencia vicaria, lo cual se logrará cuando la Ley contra la Violencia Vicaria avance en a las Cortes -aún espera su aprobación en segunda vuelta del Consejo de Ministros- y emplazó a los diputados a ser quienes desarrollen la ley conforme a las necesidades.

Así, reivindicó que la violencia vicaria requiere una respuesta judicial más coordinada, preventiva y especializada.

En su caso, la diputada del PP Marta González defendió la necesidad de reforzar la respuesta frente a la violencia vicaria y mejorar la protección de los menores, subrayando la gravedad de casos recientes y la dificultad de prevenirlos cuando no existe denuncia previa. Recordó que “en ninguno de ellos existía una denuncia previa de violencia de género”, lo que obliga a replantear los mecanismos de detección del riesgo, ya que “la ausencia de denuncia no equivale a ausencia de riesgo”.

Además, planteó dudas sobre la falta de coordinación entre los Ministerios de Igualdad y Juventud e Infancia en la respuesta legislativa y pidió avanzar en medidas como la suspensión de visitas y la mejora de la protección de las madres y menores.

La diputada del PSOE Marta Gracia trasladó la preocupación de asociaciones de sobrevivientes de violencia de género, que piden “mecanismos reales y vinculantes para garantizar que los jueces dejen de exponer a menores y a madres” a situaciones de riesgo, y subrayó la necesidad de mejorar la coordinación institucional y reforzar la formación en perspectiva de género en la justicia.

Por su lado, la diputada de Vox Maria de los Reyes Romero mostró su preocupación por una posible “instrumentalización” de los menores en las leyes de igualdad de género y su aplicación, cuestionó el término de ‘violencia vicaria’, sostuvo que este y las normas contra este tipo de violencia señalan “a la mitad de población” -refiriéndose a los hombres- y pidió saber “de qué nacionalidades” son los agresores de los últimos casos de violencia vicaria.