María José de la Fuente, presidenta del Tribunal de Cuentas entre julio de 2018 y noviembre de 2021 y actual asesora de mismo, ingresó este lunes en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, en la que ostentará la medalla número 21, vacante desde el fallecimiento de Gustavo Villapalos en julio de 2021.

En su discurso, se centró en una cuestión que consideró esencial para la salud democrática: “¿Dónde están nuestros impuestos?”, y defendió la necesidad de reforzar la transparencia, la eficiencia y la ética pública en la gestión del dinero de todos. Además, destacó que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado debe ser algo muy excepcional y de duración restringida, toda vez que “el permanente recurso a la prórroga presupuestaria evidencia que se ha desnaturalizado dicha figura, con las consecuencias negativas que conlleva”. El discurso de contestación corrió a cargo del Académico de Número Antonio Pau Pedrón.

La nueva académica reivindicó los principios de eficacia, eficiencia y economía como “imperativos constitucionales” y criticó la proliferación de estructuras públicas innecesarias, la duplicidad de organismos y la falta de profesionalización directiva.

También denunció el despilfarro de dinero público, que definió como “una grave quiebra en el gasto público”, especialmente cuando deriva de decisiones que, sin ser ilegales, implican un uso irracional de los fondos. Así, incidió en que la eficiencia requiere ajustar muy bien el gasto público estructural, “sobre todo en lo que se refiere al gasto político y al gasto superfluo e improductivo, que no tiene compensación en términos de interés público”.

En este sentido, subrayó que el Estado social justifica determinadas actividades deficitarias, pero no ampara la ineficiencia, que calificó como una auténtica quiebra del interés general: “Las ineficiencias sólo generan gasto inútil”: Así, en materia de control, fue tajante: “Sin control político no hay Estado democrático, pero sin control del gasto tampoco hay Estado social ni Estado de derecho”. Reivindicó por ello el papel del Tribunal de Cuentas y el de los ciudadanos y medios como vigilantes permanentes del uso de los fondos públicos.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado, los describió como “la herramienta fundamental para la ordenación racional, eficiente, legal y equitativa de los ingresos y los gastos públicos” y que su “puntual aprobación por las Cortes es vital para asignar los recursos conforme a las necesidades de cada ejercicio económico, que no tienen por qué ajustarse a las del ejercicio cuyo presupuesto se prorroga, y para llevar a cabo las políticas públicas requeridas”.

Por ello, añadió, la prórroga de los Presupuestos Generales ha de ser un “mecanismo excepcional y de duración restringida” y no puede privarse al Parlamento de una de sus funciones esenciales, como órgano de representación de los ciudadanos. Sin embargo, “el permanente recurso a la prórroga presupuestaria evidencia que se ha desnaturalizado dicha figura, con las consecuencias negativas que conlleva”.

En su cierre, lanzó una advertencia contundente: la corrupción “socava la democracia y genera grandes costes”, mientras que el fraude y la evasión fiscal “hacen preciso generar obligaciones fiscales adicionales precisamente para quienes pagan sus impuestos”. Solo una gestión pública ejemplar, concluyó, puede fortalecer la confianza ciudadana: “Sólo puede potenciarse la responsabilidad fiscal y la conciencia ciudadana desde el conocimiento de que se gestiona con legalidad y eficiencia”.