Así lo aseguró Fernando Grande-Marlaska ante el Pleno del Congreso de los Diputados, durante una interpelación urgente planteada por Vox, en la que el diputado Ignacio Gil Lázaro le afeó su ausencia del funeral de dos guardias civiles fallecidos a principios de mes en un operativo contra el narcotráfico, y le criticó por ser parte de un Gobierno que ha alcanzado acuerdos con EH Bildu.

Marlaska respondió a Gil Lázaro cuando le acusó de haber “entregado a Bildu” la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, de forma que en opinión del diputado de Vox, “va a dejar aún más desprotegidos a los agentes”.

Gil Lázaro cargó contra él por sus “silencios cobardes”, al ausentarse del funeral de los guardias civiles fallecidos en Huelva, y “silencios cobardes” ante la actuación de Leire Díez, la llamada ‘fontanera’ de Ferraz, que según él “urdió maniobras de acoso” contra los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, “que investigaban la corrupción de Sánchez, de su familia, del gobierno y el partido”.

También, afirmó que el ministro guarda un “silencio cobarde” cuando “por exigencia de Bildu” España, según dijo, “está viendo con repugnancia cómo se ponen en la calle a todos los peores asesinos de ETA”.

De esta forma Gil Lázaro expresó su rechazo al uso del artículo 100.2 del reglamento penitenciario por parte del Gobierno Vasco, desde que el Ejecutivo central les transfiriese en 2021 las competencias.

En base al citado artículo 100.2 se han concedido este año regímenes de semilibertad a presos de ETA con elevadas condenas, como Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’ y Juan Ramón Carasatorre, aunque posteriormente el juez titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia rechazó su aplicación en ambos casos.

"NO MIENTAN"

El ministro del Interior se sintió especialmente aludido por la referencia del diputado de Vox a los permisos concedidos a presos de ETA. “No mienta a la sociedad española”, dijo Marlaska a Gil Lázaro.

“Los asesinos de ETA salen en libertad cuando han cumplido sus penas y no depende del Gobierno, ni de este ni de otro gobierno”, subrayó.

Y añadió que “hay autoridades judiciales que son las que confirman o no confirman la libertad, el tercer grado, el 100.2 o la libertad condicional o la libertad definitiva”.

Según el titular de Interior, “hay un control judicial en la ejecución de las penas”, por ello pidió a Vox que “no mientan a la sociedad española y no le mientan con un tema tan importante para todos nosotros”.