Así lo dijo Fernando Grande-Marlaska a los medios de comunicación, tras visitar la Comandancia de la Guardia Civil en Soria, en respuesta a una pregunta sobre el estado de la investigación a funcionarios de la prisión de Brieva (Ávila), por presuntamente facilitar un teléfono móvil a Ana Julia Quezada, la asesina del pequeño almeriense Gabriel Cruz en 2018.

Marlaska reclamó que se permita que “esa investigación se desarrolle y se llegue a las conclusiones”.

No obstante, el ministro quiso expresar su “mayor solidaridad” con Patricia Ramírez, la madre del pequeño asesinado, que fue quien denunció que Quezada disponía de un móvil dentro de la cárcel, con el que grababa para un documental, y con el que hablaba con periodistas.

El ministro agregó que el departamento que lidera, y desde Instituciones Penitenciarias, han mantenido contacto con Patricia Ramírez desde que llegaron al Gobierno, y él mismo dijo que se ha llegado a entrevistar con ella.

Recientemente, aseguró, tanto el secretario de Estado de Seguridad como el secretario general de Instituciones Penitenciarias habrían contactado con ella, “para colmar cualquiera de sus preocupaciones y dar las explicaciones necesarias y precisas como es evidentemente nuestra obligación”.

Por ello, insistió en trasladar su “absoluta empatía con ella y evidentemente también con su sufrimiento”.

Sobre la investigación, añadió que, desde Instituciones Penitenciarias, “se actuó, se trabajó y se puso evidentemente también todo en conocimiento de la autoridad judicial con quien se está, como no puede ser de otro modo, colaborando y cooperando”.