Así lo puso de relieve durante su participación en la cumbre del foro de países mediterráneos de la Unión Europea (MED9), celebrada en Rovinj (Croacia), que ha reunido a ministros de Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal.

En concreto, Marlaska recordó que España prohibió en 2018 las narcolanchas, por lo que abogó por extender esta medida al resto de países de la UE, lo que "contribuiría a desactivar el uso de las lanchas rápidas" para transportar droga. De hecho, hizo también referencia al almacenaje y suministro de combustible a estas embarcaciones (el conocido como 'petaqueo'), una práctica para la que la nueva Ley de Multirreincidencia ya incluye penas de prisión.

Desde ese año, cuando también arrancó el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas han confiscado más de 2.000 narcolanchas, además de 2,1 millones de litros de combustible.

Así, al igual que ya trasladó el pasado 20 de abril en París, durante la sexta reunión de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado, Marlaska urgió a actuar “contra los facilitadores logísticos del narcotráfico”, que incluye el comercio de embarcaciones, motores, combustible, comunicaciones y financiación, “y seguir el rastro del dinero, incluidos los criptoactivos”, según detalla su departamento en un comunicado.

Durante la cumbre, el ministro español recibió las condolencias por el fallecimiento de dos guardias civiles cuando perseguían a una narcolancha cerca de las costas de Huelva, por lo que puso de relieve ante sus homólogos la necesidad de establecer estrategias "globales" para hacer frente a “una amenaza transnacional, adaptativa e integrada en las cadenas logísticas globales”, como es el narcotráfico.

En este sentido, también puso sobre la mesa la importancia de reforzar los puertos secundarios y los ríos como elemento central de la lucha contra el narcotráfico, un tipo de delincuencia que "ya no afecta solo a los grandes puertos ni puede medirse únicamente por el volumen de incautaciones”, remarcó.

La cumbre concluyó con la adopción de una declaración conjunta que reafirma el compromiso de los nueve países con la "gestión eficaz de las fronteras exteriores" y la aplicación del Pacto de Migración y Asilo, que entrará en vigor el próximo 12 de junio, en los términos de "solidaridad y responsabilidad compartida" acordados.

En el ámbito de la seguridad interna, los firmantes se comprometen a seguir reforzando la protección de puertos y a potenciar el intercambio de inteligencia y el uso de tecnologías avanzadas, promoviendo la coordinación con las agencias europeas. El documento propugna también una “financiación adecuada” de la UE para afrontar los retos que afronta la región mediterránea.