La nueva estrategia de coordinación es el llamado Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista (PPPyRA), que Marlaska dio a conocer en rueda de prensa en la sede su departamento.

Antes de dar cuenta de esta iniciativa a los medios de comunicación, el ministro y los máximos responsables de aplicar el plan, entre ellos las fuerzas policiales, explicaron su contenido a representantes de los partidos políticos representados en el Congreso. No acudieron a esta cita Vox, ERC ni EH Bildu.

En su intervención, Marlaska explicó que el PPPyRA actualiza la estrategia antiterrorista vigente, que data de 2005. El nuevo diseño busca prevenir atentados, pero también evitar “disfunciones” cuando se comete uno, tanto en lo que se refiere a la atención de las víctimas como a la persecución de los autores de la acción criminal.

“ATAR” LA COORDINACIÓN

El ministro explicó que las “principales novedades” de este plan tienen que ver con la respuesta tras un atentado, ya que se busca “atar” la coordinación entre instituciones. Se pretende lograr “la mayor eficacia a la hora de protección de las víctimas, la localización y detección de los autores y volver a la normalidad en el tiempo menor posible”.

Con este fin, el plan establece que, tras un atentado, se creará una “mesa de Coordinación”, que integrarán, entre otros, las fuerzas policiales, incluidas los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, el CNI, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad.

También estarán en este órgano la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería y la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.

Además, se constituirá un Centro de Gestión de Crisis Territorial hasta que se produzca la localización y detención de los autores del atentado y “la reducción del riesgo provocado por la acción terrorista”. En estos centros territoriales se integrará también la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo “para garantizar la asistencia integral” a los afectados según la ley vigente.