Así se pronunció después de ser acusado en el Congreso de los Diputados por la parlamentaria de Junts de "inacción" y de "esconder información" sobre las órdenes de expulsión judiciales de personas condenadas. Y para justificarlo, apuntó que "en España se ejecutan un 8% de esas órdenes de expulsión, un porcentaje muy pequeño, ridículo si lo comparamos con otros países".

De ahí que Madrenas insistiera en exigir esas competencias, "porque las gestionaríamos con la eficacia y responsabilidad necesaria, pese a lo que opina Podemos, que nos ve como racistas". "Queremos resultados y políticas útiles para los catalanes", remarcó.

Es más, reclamó al ministro que no deje que "se enquiste el problema", porque así "solo van a ganar la extrema derecha y los populismos, que monopolizan el debate migratorio con consignas racistas o negacionistas".

Sin embargo, el ministro recordó a Madrenas que en la Proposición de Ley de delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña "quedaban al margen" las "expulsiones", insistiendo en que se trata de "una competencia exclusiva del Estado y no podía ser objeto de delegación".

Y, al mismo tiempo, aprovechó para defender la gestión del Gobierno y que las expulsiones "son realmente efectivas", sugiriendo que la diputada de Junts estaba "confundiendo los datos de lo que son las expulsiones por cumplimiento de penas -la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por la expulsión -con las expulsiones por estancia irregular".