Así lo confirmaron fuentes de su departamento un día después de que se conociera el documento en el que la Policía Nacional hacía referencia a la "permisividad" de los agentes marroquíes el día de la avalancha y a que estos guiaban a los migrantes hacia la ciudad autónoma.

En la misiva, Marlaska señala que "como ministro del Interior, y también como magistrado", respeta "escrupulosamente la independencia judicial, el deber constitucional de prestar la colaboración requerida a los órganos judiciales en el ejercicio de su función jurisdiccional, así como la dependencia de la policía judicial exclusivamente de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal en el desempeño de sus funciones”.

Sin embargo, considera que "ante una situación de crisis", que obligó a declarar la situación de interés para la seguridad nacional, “no debería ser incompatible que se atiendan con toda diligencia los requerimientos de información de los órganos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos" de todas aquellas circunstancias que puedan ser "relevantes para la toma de decisiones en la gestión de una crisis de tal magnitud”.

Al mismo tiempo, Marlaska incide en que toda la información de la que dispone la Policía Nacional sobre esa entrada masiva de decenas de miles de migrantes a finales de julio es “de gran interés” para su departamento y para que el Gobierno ejerza “con el mayor acierto" sus "funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado”.

Es por ello, insiste el titular de Interior, que ante "situaciones de extrema gravedad" como esta, debería ser "compatible" que la policía judicial “informe a los órganos judiciales, para el ejercicio de su función constitucional, a la vez que facilite al Gobierno y a sus miembros, también para el ejercicio de su función constitucional, cuanta información sea relevante" para tomar decisiones "convenientes en defensa del interés general y, en este caso, de la seguridad pública y de la seguridad nacional”. Todo esto, remarca, “sin que se resienta la independencia judicial”.

El Gobierno aseguró ayer que desconocía la existencia de este informe, que hace referencia a la implicación de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos, hasta que fue publicado por los medios de comunicación, por lo que el ministro reclamó explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, quien le transmitió que no existía ningún documento que señalase a Rabat como autor de la avalancha y que la jueza dio orden a los investigadores de "no facilitar a sus superiores información" alguna. Finalmente, la magistrada autorizó que se les trasladara.