MAroto acudió este martes a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por la querella que le impuso el Gobierno regional tras hablar sobre mayores "asesinados" en residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia.

Según fuentes cercanas, la portavoz explicó que "sus declaraciones del pasado 13 de marzo de 2025 se refieren expresamente a la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su condición de portavoz del Grupo Municipal Socialista y en un ámbito estrictamente político".

En esa línea afirmó que no iban "dirigidas a atentar contra la dignidad personal de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que como la propia querella reconoce, las manifestaciones critican la gestión del Gobierno Regional, excluyendo la esfera personal privada".

Asimismo, insistió ante el juez en que "sus declaraciones a la prensa fueron aclaradas mediante comunicado a los medios de comunicación el 14 de marzo de 2025 y ampliamente recogidas por la opinión pública" y en que "no quiso acusar a nadie de asesinato".

Las declaraciones de Maroto se produjeron en el marco de la polémica por la emisión de un documental '7.291', que relaciona las muertes de personas mayores en residencias durante lo peor de la pandemia con los protocolos sanitarios puestos en marcha por la Comunidad de Madrid.

La portavoz socialista, en concreto, dijo que fueron “fueron 7.291 las víctimas o personas mayores asesinadas” en estas residencias. Posteriormente publicó un comunicado en el que admitía que su intención con estas declaraciones no era “acusar a nadie de asesinato, sino destacar que estas personas fallecieron en las residencias madrileñas sin recibir tratamiento médico adecuado” y afirmó que “no fueron las palabras más adecuadas”.

Las declaraciones, a juicio del Gobierno regional, traspasaron “todas las líneas rojas de la decencia política”. Ante esto, el Gobierno regional interpuso la demanda de conciliación el pasado 19 de marzo, como paso previo a la presentación de esta querella si Reyes Maroto no se retractaba de sus declaraciones, “con el objetivo de defender a los profesionales que durante tanto tiempo lo dieron todo para salvar vidas y para luchar contra una pandemia”. Al considerar que no se retractó, el Ejecutivo autonómico presentó la querella.