Así se desprende de una nueva investigación de WWF, dada a conocer este jueves, basada en imágenes satelitales, ortofotografías aéreas y comprobaciones sobre el terreno para detectar ilegalidades que algunos empresarios agrícolas cometen en Doñana usando ilegalmente el suelo y el agua.

Cerca del 80% de la superficie con riego ilegal (1.089,1 hectáreas) corresponde a cultivos de fresas y frutos rojos, de los que pueden haber salido hacia mercados españoles y europeos alrededor de 35 toneladas.

Un total de 882,1 hectáreas de superficie regada de manera ilegal se encuentran en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (competencia del Gobierno central), y 481,7 en la del Tinto, Odiel y Piedras (competencia de la Junta de Andalucía).

La investigación identifica 294,8 hectáreas que corresponden a fincas regadas ilegalmente en zona forestal de alto valor ambiental, es decir, en “un área donde los agricultores arrancaron deliberadamente las masas de árboles para instalar sus cultivos ilegales”, según WWF.

“EN CAÍDA LIBRE”

Esta situación se produce mientras “el acuífero de Doñana se encuentra en una situación crítica y su biodiversidad, en caída libre”, según WWF.

Esta organización urgió al cierre de todos los pozos y fincas ilegales, y la aplicación del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, conocido como Plan de la Fresa, aprobado en 2014 y que regula quienes pueden cultivar en esos lugares.

Por ello, WWF ha denunciado esta situación ante la Junta de Andalucía, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el Seprona, y ha exigido “medidas urgentes” para que se retiren los cultivos de regadío ilegal y se clausuren “de forma inmediata” todas las captaciones no autorizadas.

Asimismo, preparará la documentación correspondiente para denunciar los posibles delitos ambientales ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

El estudio demuestra que la cifra de hectáreas de regadío ilegal para frutos rojos “nunca” ha descendido de las 1.000 hectáreas desde que en 2014 se aprobara el Plan de la Fresa.

AGUA EXTRAÍDA

Por otro lado, el informe indica que el consumo de agua por parte de la agricultura ilegal podría llegar hasta nueve hectómetros cúbicos, lo que supone “una amenaza para la recuperación del acuífero, que se encuentra en el máximo nivel de alarma”.

“Es intolerable que, una campaña más, millones de kilos de fresas y otros frutos rojos regados con agua robada del acuífero de Doñana acaben en muchos supermercados nacionales y extranjeros, con total impunidad y ante los ojos de todas las administraciones responsables, mientras Doñana está al borde del colapso ecológico”, según Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.

Del Olmo añadió: “El robo del agua está provocando un impacto ambiental enorme, pero también económico al dañar la imagen del sector y provocar una competencia desleal con los productores legales”.

“No se puede seguir invirtiendo más de 350 millones de euros de dinero público en el Acuerdo por Doñana, mientras se siguen cultivando más de 1.300 hectáreas de secano y forestal transformadas ilegalmente en regadíos que se están enriqueciendo con absoluta impunidad”, concluyó.