Entre los firmantes, en concreto 165 exparlamentarios, figuran cuatro expresidentes de ambas Cámaras (Jesús Posada, Federico Trillo, Javier Rojo y Esperanza Aguirre), dieciocho ministros de distintos gobiernos de la democracia y parlamentarios pertenecientes a Unión de Centro Democrático, PP, PSOE, Centro Democrático y Social, Unión Progreso y Democracia y Ciudadanos.

“Quienes firmamos esta Declaración hemos tenido la honra de representar al pueblo español en las Cortes Generales a lo largo de las sucesivas legislaturas desde la legislatura constituyente”, recuerdan en este texto en el que se posicionan ante “esta grave hora que vive nuestra nación”.

Dicen que el juramento o promesa de lealtad a la Constitución que hicieron les impele a manifestar su “honda preocupación y gran consternación por el contenido de los pactos de investidura y la presentación de una ley de amnistía, que suponen una fractura de principios básicos del Estado derecho”.

Se refieren a la “flagrante e inaceptable violación del principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley, al pretender la impunidad de graves delitos cometidos, lo que supone una derogación singular del Código Penal para los beneficiarios de la misma”. También aluden a “la quiebra del principio de separación de poderes y de la independencia judicial mediante el espurio concepto de ‘lawfare’”.

Igualmente, denuncian el “grave menoscabo de la posición y funciones de las Cortes Generales, el órgano de la soberanía nacional que representa al pueblo español en su conjunto, al establecer que los acuerdos ‘responderán a las demandas mayoritarias’ de los Parlamentos de las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco, lo que supone una mutación constitucional de hondo calado”.

Cargan a continuación contra “el establecimiento de privilegios de índole económica y financiera hacia determinadas comunidades autónomas” al considerar que “vulneran el principio de solidaridad consagrado en el artículo segundo de la Constitución y que van a incrementar las desigualdades territoriales existentes”.

También ven una “seria amenaza de romper con la caja única de la Seguridad Social, que es un pilar básico de nuestro Estado social de derecho”. Se despachan, asimismo, contra “la aceptación de un relato sobre lo sucedido en Cataluña en los últimos quince años que, además de falso, invierte los papeles para vilipendiar a los servidores de la ley y de la Constitución y premiar a los transgresores”.

“Con gran alarma, queremos advertir que nuestra democracia constitucional se encuentra ante serios desafíos y peligros. Solamente con plena lealtad al imperio de la ley y preservando el acuerdo y el entendimiento que, a partir del espíritu de la Transición, han marcado el camino de los últimos cuarenta y cinco años y nos han llevado a las más altas cotas de prosperidad y convivencia, podremos los españoles superar esta situación incierta”, subrayan.

Por todo ello, exhortan a “una firme y serena defensa de la Constitución, del Estado de derecho, de la igualdad de los españoles ante la ley, de la división de poderes, de la independencia judicial, de la solidaridad entre los españoles y las comunidades autónomas y de la dignidad de las Cortes Generales, que hoy se encuentran en riesgo”.

Entre los firmantes también hay exdirigentes socialistas como el expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, los exministros José Luis Corcuera, Paco Vázquez, Pedro Bofill y Javier Sáenz de Cosculluela, entre otros.

Igualmente, aparece la exlíder de UPyD Rosa Díez, además de los exdirigentes de Ciudadanos Francisco Igea y Toni Cantó. Entre los vinculados al PP en cargos de relevancia aparecen nombres como el de Miguel Arias Cañete, Rafael Catalá, Juan Carlos Aparicio, Ignacio Wert, Mario Garcés, Alejandro Fernández, José María Michavila, Adolfo Suárez Illana, Pedro Ramón Gómez de la Serna o Eugenio Nasarre, entre otros.