Así lo reclamaron en cuatro cartas remitidas, con motivo de la Semana contra la Pobreza Energética, a los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Vivienda, Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030 y en las que expresan su “preocupación por la situación de pobreza energética que sufre el país” y demandan “medidas a corto y medio plazo”, según explicaron en un comunicado.

La “principal demanda” de las organizaciones es que se “garantice” el acceso a los suministros básicos “como un derecho permanente, no como medida transitoria sujeta a un período excepcional”.

Para ello, solicitaron la prohibición de la interrupción de los suministros esenciales, incluyendo energía y agua, por impago, y que se aplique el “principio de precaución”, tal y como se recoge desde el año 2015 en Cataluña gracias a la Ley 24/2015, que prohíbe a las empresas suministradoras interrumpir el servicio sin consultar previamente a los servicios sociales si en ese hogar hay personas en situación de vulnerabilidad.

En las cartas, las organizaciones firmantes denuncian que las medidas de protección del Gobierno a las personas vulnerables “tienen un carácter temporal” y reivindican un marco legal estable “que avance en el Derecho a la Energía”.

MEDIDAS URGENTES

En paralelo, también señalan que la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética (2019-2024) “sólo se ha implementado parcialmente” y reclaman “medidas urgentes” a implementar este año.

Entre ellas, también abogan por la “ampliación y automatización” de la concesión del bono social y la creación de una tarifa social accesible, por cambiar la regulación para que las comercializadoras de energía que lo soliciten puedan ofrecer el bono social y por la creación de una mesa de trabajo con las entidades firmantes para la elaboración de la futura Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (2024-2029).

Junto a ello, instan al Gobierno central a “intervenir” en el caso de la Cañada Real y que “garantice el acceso a la energía a su población”.

Asimismo, a medio plazo apuestan por la creación de los mecanismos y programas “necesarios para que las personas en situación de vulnerabilidad accedan a las ayudas en materia de renovables, rehabilitación y eficiencia energética”, por una nueva ley de eficiencia energética que “desbloquee procesos de mejora en las viviendas vulnerables” y por incluir medidas para “prevenir y paliar la pobreza energética de verano en la nueva estrategia”.