Según informó la Alianza por la Solidaridad-ActionAid, las entidades firmantes consideran que España debe trabajar para que otros países miembros de la Unión Europea (UE) apoyen esta medida como respuesta a las "graves violaciones del Derecho Internacional" cometidas contra la población palestina.

La carta dirigida al jefe del Ejecutivo argumenta que "Israel ha incumplido de forma reiterada sus obligaciones internacionales, vulnerando derechos fundamentales de la población palestina y las normas del Derecho Internacional Humanitario". Las organizaciones citan documentación de agencias de Naciones Unidas y entidades de derechos humanos.

Además, los firmantes recuerdan que el artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel establece que está "basado en el respeto de los derechos humanos" y prevé que la Unión Europea puede aplicar medidas adecuadas, incluida la suspensión parcial, en caso de incumplimiento grave.

LLAMAMIENTO CIUDADANO

Las entidades subrayan que los países miembros de la UE deben "atender las demandas de su ciudadanía, que se ha movilizado de forma masiva y reiterada por los derechos del pueblo palestino en todo el continente". Consideran que "las palabras de preocupación no son suficientes".

El documento advierte que "seguir ofreciendo un trato preferencial a un país que viola flagrantemente los derechos humanos no es una opción". Las organizaciones destacan que Israel continúa beneficiándose de un trato preferencial en el comercio con la UE, siendo esta su mayor socio comercial.

Cristina Muñoz Pavón, directora de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, encabeza la lista de firmantes que incluye a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Médicos del Mundo, Save the Children, ONGAWA y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo-España, entre otras entidades.

La misiva señala que expertos internacionales "han calificado estas acciones como posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad". Además, mencionan que la Corte Internacional de Justicia ha abierto un proceso para examinar si los hechos pudiesen constituir genocidio.

Las organizaciones advierten que "a medida que se acumulan las pruebas de las graves violaciones documentadas en Gaza y Cisjordania, no podemos mirar hacia otro lado ni continuar como si no ocurriera nada". Insisten en que no quieren ser testigos pasivos de la situación.

Aunque reconocen que el alto el fuego es fundamental para detener la violencia de forma inmediata, argumentan que "no resuelve las causas estructurales del conflicto ni garantiza el cumplimiento del Derecho Internacional". Rechazan que el alto el fuego "suponga una cortina de humo". Los firmantes consideran que "es momento de seguir exigiendo justicia, responsabilidad y el fin de la impunidad" e instan al Gobierno español a mostrar que "defiende los derechos humanos y se niega a ser cómplice" de las violaciones denunciadas.

La carta concluye solicitando que España apoye "de forma clara" la suspensión parcial del acuerdo durante la próxima reunión del Consejo de Asuntos Exteriores. Las organizaciones fundamentan su petición en los principios fundacionales de la Unión Europea basados en la paz y el respeto a los derechos humanos.