Esa es una de las principales conclusiones del primer ‘Estudio sobre la gestión de la protección animal en España’, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y presentado este martes en una rueda de prensa por la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra.

Ese estudio, el primero de carácter oficial que se elabora desde el Gobierno de España, servirá de base para desarrollar el Plan Estatal de Acción contra el Abandono, que Becerra apuntó que estará listo “lo antes posible”.

El trabajo se basa en cuestionarios contestados por 511 ayuntamientos y 238 protectoras en 2023 y Derechos Sociales pretende que ese estudio tenga periodicidad anual.

Martínez apuntó que el 82,5% de los perros y los gatos que llegan a los centros de acogida no están identificados con chip, de los cuales el 94,7% son mininos y el 68,8% canes.

Ese requisito permitiría localizar a la persona titular del animal y, para Derechos Sociales, supone la “medida más eficaz” para evitar el abandono y permitir la devolución rápida a los propietarios en caso de extravío.

En este sentido, Martínez destacó que solo un 30,8% de los perros y un 6,6% de los gatos son devueltos a los dueños de esos animales.

MEDIOS PÚBLICOS INSUFICIENTES

El informe indica que la mayoría de los centros registraron en 2023 más entradas que salidas de especies acogidas. Derechos Sociales subraya que ello refleja que los ayuntamientos deben recibir apoyo técnico y financiero, y contar con criterios claros para gestionar mejor y adoptar los animales albergados.

La normativa en materia de salud pública y la Ley de Bases de Régimen Local, en vigor desde 1985, establece que los ayuntamientos son los responsables de la retirada de animales abandonados en la vía pública.

A pesar de ello, solo un 21,3% de los ayuntamientos dispone de un centro propio de recogida, de los cuales uno de cada tres es gestionado por entidades de protección animal.

Entre los que no lo tienen, un 42% recurre a un servicio externo para gestionar a los animales, mientras que uno de cada cuatro ayuntamientos (24,6%) reconoce que carecen de medios para atender a los animales extraviados o que se han abandonado en la vía pública.

Entre las entidades protectoras, el 84,2% se dedica principalmente a gatos, mientras que un 45,3% también atiende a perros y un 14,4% a otras especies. De media, cuentan con 9 casas de acogida y 22 personas voluntarias, y tienen una capacidad media para albergar a 80 perros, 61 gatos y 10 animales de otras especies.

PERFIL DE LOS ANIMALES

Por otra parte, el estudio indica que los ayuntamientos y las entidades protectoras recogieron 18.764 perros en 2023, de los cuales 18.009 salieron de los centros, lo que supone una tasa de retención de un 4%.

El perfil de los perros acogidos es el de un adulto (el 77%) y de raza mestiza (50,8%) que acabó perdido o abandonado (81,1%).

El 52,9% de los perros acabaron adoptados a familias y un 30,8%, devueltos a las personas titulares.

En cuanto a los gatos, en 2023 entraron 13.230 en los centros sondeados y salieron 10.881, con lo que la tasa de retención fue de un 17,8%.

El perfil del gato era de raza común (97,5%), adulto (62,4%) y perdido o abandonado (86,5%). La mayoría fueron adoptados (64,6%).

Además, informe indica que los centros recogieron 1.085 animales que no eran perros y gatos (hurones o conejos, por ejemplo), de los que 880 abandonaron las instalaciones, así que la tasa de retención era de un 18,9%).

Con esos datos, Becerra destacó que el informe ofrece “pistas muy claras” para el futuro Plan Estatal de Acción contra el Abandono, sobre todo la necesidad de que los animales tengan microchip, que calificó como “máxima prioridad”.

Berrera consideró que su Dirección General trabaja en pasar del concepto “sacrificio cero”, recogido en la ley de protección animal de 2023, al de “abandono cero”. “Para llegar a abandono cero tenemos que identificar a todos los animales de compañía”, apostilló.