La edil de Más Madrid Mar Barberán afirmó que el Tierno Galván "no es un solar vacío en el mapa, no es un recinto ferial a la espera de un promotor avispado", sino el "pulmón verde" de un distrito que ha crecido "a golpe de hormigón y de asfalto".

Criticó que el equipo de Gobierno haya decidido que el espacio "debe convertirse en la gallina de los huevos de oro de unos pocos", lo que ha llevado a "recintos vallados que privatizan hectáreas enteras de suelo público durante semanas, camiones de gran tonelaje destrozando los viales, ruidos insoportables que impiden conciliar la vida y el sueño a las familias y toneladas de residuos que tardan días en recogerse".

Aseguró que el beneficio para el barrio de Arganzuela es "ninguno, cero", y que el balance es "un parque degradado, vecinos expulsados de sus zonas de recreo y un impacto acústico y ambiental que fractura la convivencia".

La concejala presidenta del distrito de Arganzuela, Lola Navarro, rechazó la proposición de Más Madrid, argumentando que "a quien más importa el parque Tierno Galván es al equipo de Gobierno" y que la propuesta parte de "premisas falsas".

Explicó que lo que se concede son "autorizaciones temporales reguladas, tasadas, condicionadas y revocables para usos puntuales del dominio público" y que el parque sigue "siendo público y va a seguir siendo público". Señaló que el Ayuntamiento se ha "autolimitado" y "autoexigido", implementando controles de aforo en tiempo real y endureciendo el régimen para quienes incumplen.

Además, mencionó la sentencia judicial en la que recientemente se ha dado la razón al Ayuntamiento en la celebración de eventos privados en este parque y que según Navarro "confirma la solvencia técnica y el profundo conocimiento del derecho con el que el decreto que ha firmado esta concejala limita, autorregula y compatibiliza los usos del ocio".

El concejal de Vox, Fernando Martínez Martínez Vidal, apoyó la postura del Ayuntamiento, destacando que "la justicia funciona también en Madrid" y que la sentencia "da la razón al Ayuntamiento frente a una asociación de vecinos de Arganzuela".

Recordó que cuando se diseñó el parque en 1986, se construyó un "enorme auditorio con capacidad para más de 5.000 personas, pensando naturalmente en que en dicho recinto se organizarían hoy conciertos y festivales de música, sin que ello limitara el acceso y disfrute de los vecinos en el resto del parque". Afirmó que la sentencia establece que el Ayuntamiento "no solo puede organizar esos eventos en el parque, sino que el procedimiento seguido por la concejala del distrito de Arganzuela, Lola Navarro, para regular estos eventos es legalmente impecable".

Por su parte la edil del PSOE Emilia Martínez Garrido compartió la preocupación de los vecinos por los ruidos, cierres y la alteración del uso ordinario del espacio, señalando que el Partido Popular "ha gestionado a veces con demasiada permisividad hacia los promotores privados".

Sin embargo, no compartió una "prohibición general de los macroeventos en este espacio", ya que el auditorio "es una infraestructura pública concebida para acoger actividad cultural de cierta escala". Propuso que el objetivo debe ser "ordenar mejor su uso, no excluirlo de manera global", avanzando en un "modelo equilibrado que limite tiempo, refuerce controles acústicos, mejore la planificación y la información a los vecinos y que cuide con especial atención del entorno".

Mar Barberán insistió en que el equipo de Gobierno muestra una "falta de respeto mayor hacia lo público", viendo el parque como "metros y metros cuadrados con los que puede alguien hacer negocio". Comparó los "200 días" de autorizaciones provisionales desde que el PP llegó al gobierno con los "24" días durante la gestión de Manuela Carmena, y denunció que los vecinos "se suben por las paredes porque no pueden vivir, no pueden estudiar, no pueden trabajar, no pueden dormir" debido al ruido. Afirmó que la cuestión no es si "pueden o no pueden hacerlo", sino si "deben o no deben hacerlo", y si "deben anteponer los intereses privados de las empresas frente a los intereses de los vecinos".

La señora Navarro replicó que "todos los eventos están supeditados al interés general" y acusó a Más Madrid de "decir mentiras una detrás de otra". Recordó que el parque tiene "424.000 m2" y que "está abierto a los vecinos para que tengan su disfrute". Aseguró que el decreto obliga a limpiar no solo el recinto, sino también las zonas de influencia, y que se controla la flora, la fauna y los vehículos. Concluyó que la sentencia le ha "quitado la razón jurídica" a Más Madrid, el decreto les ha "quitado la razón administrativa" y la hemeroteca y sus redes sociales les "quitan la razón política", afirmando que el Tierno Galván "necesitaba buena gestión y es lo que se ha hecho con el decreto".