En un comunicado, esta red que fomenta las relaciones entre universidades y empresas, remarcó que "si se aprobara la normativa anunciada por el Ministerio de Trabajo, 83 universidades y 3.823 centros de formación profesional no podrían cumplir su plan de estudios". Asimismo, recordó que "el 65% de las prácticas no se realizan en empresas", sino en administraciones.

Según la red, "no se debe legislar 'in extremis', sin consenso y sin haber escuchado a la comunidad educativa, y sobre todo sin resolver los problemas reales que existen para que los estudiantes universitarios puedan finalizar su formación".

"Será una legislación inaplicable, como lo es ya la legislación sobre cotización de los becarios a la Seguridad Social, que ha visto como las universidades, el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Educación están pidiendo una moratoria por la imposibilidad de ponerla en marcha. Desde los propios Ministerios ya se han puesto en contacto con las universidades para comunicarles que, si ellas no se hacen cargo del pago a la Seguridad Social y de la gestión de la misma, no acogerán estudiantes en prácticas", lamentó la Red de Fundaciones Universidad-Empresa.