Desde la federación explicaron que la investigación se basa en 740 denuncias presentadas en sus oficinas de Navarra, Aragón, Cataluña, Galicia, Vizcaya y Guipúzcoa. Destaca que en más de la mitad de los casos denunciados, "los agentes discriminadores" fueron instituciones gubernamentales, organizaciones estatales u otras entidades del sector público.

En el 23,4% de los casos, los responsables fueron personas particulares (conflictos vecinales, ataques e insultos en espacios públicos...), lo que supone un aumento cercano al 20% respecto al año anterior .

También subieron en más del 20% las denuncias por discriminación contra entidades privadas (empresas, organizaciones del Tercer Sector…), hasta alcanzar el 22,7% del total.

Para SOS Racismo, esto subraya la necesidad “no solo de promover prácticas inclusivas en todos los sectores, sino también de llamar la atención sobre las obligaciones legales de estas entidades privadas, a través de protocolos de actuación, mecanismos civiles, administrativos o penales”.

SIN SERVICIOS BÁSICOS

Del informe se concluye que la discriminación basada en la nacionalidad o el origen étnico o racial perjudica de forma “muy especial” a las personas a la hora de acceder a ayudas, servicios u otras prestaciones publicas o privadas.

En primer lugar, destaca el racismo institucional (leyes y normas que implican la exclusión sistemática de ciertos colectivos), con un total de 250 casos, a lo que habría que sumar las denuncias relativas a la denegación de ayudas y servicios públicos como becas, alojamientos o subsidios (126).

Si a ello se le añaden los 123 casos de denegación de acceso a servicios privados (educación, ocio, transportes, alquileres, finanzas…), “se dibuja un escenario en el que las personas racializadas tienen muy difícil acceder a servicios y prestaciones que deberían estar disponibles para todos”.

En relación con las denuncias basadas en la discriminación por nacionalidad, se aprecia un aumento progresivo en el número de casos. En 2022 se presentaron 32 quejas, en comparación con 27 en 2021 y 9 en 2017. En cuanto a las demandas relacionadas con trámites de extranjería, también se observa un aumento en las denuncias a lo largo del tiempo. En 2022, se reportaron 63 casos, mientras que en 2021 y 2017 fueron 40 y 38, respectivamente.

Por ello, Sla entidad exigió garantizar que los procesos de extranjería “sean justos, transparentes y respetuosos de los derechos de las personas, independientemente de su origen étnico o nacionalidad”. Los datos también revelan un un incremento importante en la discriminación ejercida por parte de "otros agentes", en concreto, fuerzas y cuerpos de seguridad. En 2022, se registraron 152 denuncias, frente a las 117 de 2021 y a las 18 de 2017. A juicio de la organización, “esto puede ser indicativo de un problema más generalizado de racismo institucional, la normalización de la violencia, el racismo y la impunidad”. Otro ámbito “preocupante” según el informe tiene que ver con la discriminación en el ámbito laboral.

INFRADENUNCIA

Con todo, los responsables de la organización admitieron que esta muestra apenas supone la punta del iceberg, pues la inmensa mayoría de los problemas nunca se denuncian.

Como principales razones, destacaron “la normalización de estas situaciones” por parte de las personas racializadas”; la falta de confianza en las instituciones; la creencia de que “no va a servir para nada”; el temor a posibles represalias; “la vergüenza y la autoculpabilización”; el miedo a revelar su situación administrativa o su filiación religiosa; la extrema vulnerabilidad de algunas personas, y el desconocimiento del idioma y de los procedimientos.

Además, llamaron la atención sobre el hecho de que un 4% de las quejas presentadas correspondían a menores de edad, porcentaje significativo si se considera el tamaño de la muestra. En su opinión, esto demuestra que “existe discriminación en el ámbito educativo (acoso escolar, racismo…)”, pero también significa mayor concienciación entre las generaciones más jóvenes.