Del mismo modo, quienes viven en zonas urbanas tienen un 5,9% más probabilidades de presentar su candidatura, en comparación con los residentes en el mundo rural.

Así se deduce del proyecto de investigación ’Acceso vital, detección y movilización de personas potencialmente elegibles del IMV, situación de Non take-up’, cuyos resultados se presentaron este viernes en Madrid.

Es uno de los 34 proyectos piloto del Policy Lab de la Secretaría General de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, creado para conseguir evidencias científicas que mejoren la efectividad de las políticas públicas.

Según sus conclusiones, ser varón y no tener menores a cargo son otras causas de tipo socioeconómico que “están detrás de esta brecha de cobertura” en el IMV.

Así, las personas sin menores a cargo solicitan la prestación un 7% menos que quienes sí los tienen (aún cumpliendo los requisitos), mientras que los hombres presentan un 4,3% menos posibilidades de llegar a pedirla.

OTROS FACTORES

A partir de más de 13.000 encuestas en todo el territorio, la investigación corrió a cargo de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en el Estado Español (EAPN-ES), y contó con la colaboración de 146 organizaciones de la sociedad civil y 54 entidades públicas.

Poseer una vivienda en propiedad, tener empleo y percibir que “se llega con facilidad a final de mes” aumentan también las posibilidades de que una persona que podría recibir el IMV no llegue nunca a pedirlo.

En concreto, el 61% de los no solicitantes poseían una vivienda formal en propiedad; el 40,5% se encontraban trabajando en el momento de realizar la encuesta, y el 70,1% pertenecían al último tramo de renta que da acceso a esta ayuda.

En el fondo, todos estos elementos remiten a un desconocimiento sobre el funcionamiento y los requisitos del IMV (compatibilidad con el empleo y con otras prestaciones, complementos específicos para la infancia, nivel de renta…).

Asimismo, un 41,3% de quienes no solicitaron el IMV afirmaron desconocerlo en absoluto. Otro 20% de los entrevistados aseguraron que los trámites resultaban demasiado difíciles, y se encontró que quienes nunca habían recibido una ayuda pública tenían 7,3% menos posibilidades de pedir la prestación.

CONCLUSIONES

Según el estudio, estos puntos aluden a la necesidad de simplificar los procedimientos y de ofrecer más acompañamiento a los candidatos a la hora de gestionar los trámites.

Entre las principales recomendaciones del proyecto, destacan la puesta en marcha de mecanismos para informar sobre el IMV, facilitar la carga burocrática y reducir los plazos de resolución; establecer un sistema de evaluación de esta ayuda que permita valorar los objetivos establecidos; adecuar las rentas autonómicas al IMV; y aumentar el importe de la prestación, a fin de adecuarla al coste medio de la vida.

Propone también ciertas mejoras en el diseño de la ayuda, tales como ajustarla a los ingresos de los meses recientes y no a los datos de la renta del año anterior, suprimir la exigencia de un año de situación administrativa regularizada e implementar nuevos complementos de apoyo, empezando por el de vivienda.

Además de investigar las causas de la brecha de cobertura, el proyecto pretende evaluar qué medidas resultan más efectivas a la hora de superarla. Durante su realización, se llevaron a cabo 7.505 interacciones personalizadas de información, se recibieron más de 3.000 llamadas de personas interesadas, se atendió a 2.023 canidatos y llegaron a tramitarse 1.204 solicitudes.