Así se desprende del informe presentado este martes por la patronal durante su Asamblea General, en el que alerta de que la guerra en Oriente Medio ya está teniendo un impacto económico de intensidad media o alta en el 90% de las constructoras españolas.

El informe revela que más del 60% de las constructoras ha registrado aumentos superiores al 20% en el precio de los carburantes y una de cada cuatro sitúa ese incremento por encima del 30%.

A ello se suma el aumento de los costes energéticos. El 85% de las empresas consultadas asegura haber sufrido incrementos del coste eléctrico de hasta el 20%, una situación más preocupante para aquellas actividades intensivas en el uso de maquinaria, donde la energía representa aproximadamente el 40% de los costes de producción.

La CNC ya solicitó al Gobierno la puesta en marcha de ayudas específicas para el sector, similares a las aprobadas para otras actividades altamente dependientes de los combustibles, como el transporte o la agricultura, dentro del paquete de medidas anticrisis.

FRENTE A LOS COSTES

En términos generales, el 80% de las constructoras afirma haber asumido íntegramente los sobrecostes derivados de la guerra y, en consecuencia, el 56% de las compañías reconoce haber reducido su actividad o estar valorando hacerlo.

El impacto también puede trasladarse al empleo, hasta el punto de que el 22% de las constructoras está considerando reducir plantilla. Y entre aquellas que descartan esta posibilidad, el 60% admite que la escasez de mano de obra es el principal condicionante.

Esta situación preocupa especialmente a la patronal en un momento en el que España necesita “aumentar la oferta de vivienda y acelerar la construcción y mantenimiento de infraestructuras estratégicas”. En este contexto, considera que, si el conflicto bélico se prolonga, recuperar mecanismos eficaces de revisión de precios resultará “determinante para garantizar la continuidad del sector”.

Así, según el informe solo un 3% de las empresas ha logrado renegociar los contratos firmados, mientras que un 15% se encuentra actualmente en proceso de renegociación y un 56% asegura haber intentado revisar las condiciones sin éxito.

Finalmente, el 90% de las constructoras lamenta que su viabilidad pueda verse comprometida si la situación actual se prolonga o si no se adoptan medidas para paliar el incremento de los precios. Por todo ello, la CNC reclamó de nuevo al Gobierno cambios en la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación para excluir de su aplicación a los contratos públicos y permitir mecanismos automáticos de revisión de precios.

El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, señaló que “nuestro sector es especialmente sensible a la espiral inflacionista derivada de la crisis energética, lo que podría frenar obras tan determinantes como las de vivienda o infraestructuras estratégicas”.

El responsable de la patronal indicó que en este contexto de “incertidumbre radical” resulta “imprescindible avanzar en el reequilibrio de precios en los contratos públicos y que el Gobierno actúe de forma coordinada, teniendo en cuenta que ya es una de las principales causas del deterioro de la contratación y que tanto afecta a las pymes y sus trabajadores”.