Según la coordinadora del Programa, Marcela Ulloa, "la prostitución y el servicio doméstico son dos ámbitos poco regulados, desconocidos y sin valorar, con una forma devida muy complicada y cada vez más difícil, lo que lleva a que actúen las redes de tráfico". Además, añadió que " los dos aspectos que inciden en este problema son la pobreza y las leyes de extranjería vigentes en los países desarrollados".

La responsable de Obra Social de Caja Madrid, María Fernanda Ayán, expresó que "hemos realizado un gran trabajo para sensibilizar y denunciar este hecho, pues no se respetan muchas veces los derechos más primarios". Igualmente, añadió que "este trabajo hará reflexinar a la mujer española para que exista, por parte de nuestro país, una mayor ayuda y preocupación por las mujeres colombianas y ecuatorianas".

El objetivo es analizar los mecanismos de tráfico y las condiciones de vida y trabajo de estas mujeres una vez constituidas en España. El trabajo de campo se ha desarrollado en Madrid, por su amplia presencia de mujeres sudamericanas en el servicio doméstico, y en Galicia, por el gran aumento de mujeres colombianas en la prostitución.

Las líneas de acciónde este proyecto se basan en la investigación de la problemática del tráfico y la inmigración de mujeres, la sensibilización de la población desde una perspectiva de respeto y defensa de los Derechos Humanos, y la formación de agentes sociales para que exista una mayor implicación personal, social y jurídica que se derivan de este fenómeno.

El informe implica tres tipos de estudios: en el ámbito jurídico (análisis de las leyes en Europa sobre tráfico de inmigrantes), en el de los medios de comunicació (con el seguimiento de noticias y el tratamiento que hacen de estas personas) y en el sociológico ( diferentes asociaciones involucradas y a nivel administrativo organizaciones como CCOO y ayuntamientos).

Las propuestas de ACSUR-Las Segovias pasan por una legislación que estudie a las mujeres colombianas y ecuatorianas que realizan el servicio doméstico, con el derecho a la regularización y asociación de los colectivos, además de la protección de los derechos básicos.