Durante el debate, un grupo de activistas del Sindicato de Inquilinas fueron desalojados de la tribuna de invitados del hemiciclo, tras proferir gritos y lanzar octavillas a favor de más vivienda pública cuando intervenía la representante del PP, Soledad Cruz-Guzmán.

La diputada popular dijo que la proposición buscaba acabar con ocho años de inacción en materia de vivienda por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que solo ha usado esta cuestión "como arma propagandística”.

La propuesta popular plantea agilizar los plazos de concesión de licencias de suelo y limita la nulidad de adjudicaciones por defectos formales.

Cruz-Guzmán aseguró que la norma pone los cimientos para hacer realidad la promesa del PP de construir en España un millón de viviendas.

Por el PSOE, Isabel Pérez denunció que el PP, con esta propuesta, quiere “derogar la ley de vivienda” y “deja claro su modelo de especulación en detrimento de lo público, construir más con menos control” y “repartir entre familiares las viviendas VPO”.

Alberto Ibáñez, de Sumar, rechazó la ley del PP porque “beneficia a constructoras, bancos y fondos buitre” y “declara la guerra a la mayoría social”.

Por Esquerra Republicana, Etna Estrems acusó a los populares de querer “eliminar el control de precios y el control de zonas tensionadas”.

En representación de Bildu, Oskar Matute mantuvo que la ley del PP es “un ataque a la línea de flotación de las políticas de intervención pública en el mercado de vivienda”.

Para Maribel Vaquero, de PNV, a la ley del PP le “falta un esfuerzo propositivo”, y por parte de Junts, Marta Madrenas señaló que su grupo “comparte objetivos” de la proposición de ley del PP, como el de reducir las nulidades en cascada y el refuerzo de la seguridad jurídica.

Ricardo Chamorro, de Vox, dio el apoyo de su formación a la proposición popular al considerar que aunque “llega tarde y se queda corta”, plantea lo que Vox lleva años denunciando contra "una ley de vivienda que ha sido un auténtico desastre y que premia al okupa”.