Así lo avanzó Mazón en la apertura del VII Congreso Nacional del Agua en Elche, donde defendió que el trasvase Júcar-Vinalopó “es fruto del consenso entre los regantes y un ejemplo de solidaridad en el que todos los agentes implicados están cumpliendo con los compromisos adquiridos”.

El jefe del Consell remarcó que esta infraestructura responde “a la razón y a criterios técnicos y científicos”, frente a “la política y el dogmatismo” que está aplicando el Gobierno en materia hídrica. En este sentido, Carlos Mazón reprochó que el Ejecutivo central “no haya aportado ni una sola razón técnica para cambiar las normas de explotación” del trasvase Tajo-Segura.

El presidente valenciano advirtió que “se pretende” cambiar las normas de explotación “para poner fin al trasvase en la provincia de Alicante” y señaló que esas reglas “no guardan relación con los caudales ecológicos del Tajo, que están garantizados y no corren peligro”.

Además, incidió en que “el trasvase Tajo-Segura no es la causa de los problemas del Tajo, ni en lo que se refiere a la calidad ni a la cantidad de agua”, al tiempo que apuntó que “no se ha registrado ningún incumplimiento de los caudales ecológicos por falta de agua en la cabecera, mientras que sí se están efectuando desembalses excesivos que desperdician recursos hídricos de gran valor”.

Asimismo, el president afeó al Gobierno de España su falta de voluntad de diálogo en esta materia y le instó a “una gestión correcta de los embalses y la modernización de regadíos, incluyendo la construcción de balsas que optimicen el uso de las aguas derivadas a riego”. Mazón calificó estas actuaciones de “imprescindibles” para mejorar el régimen fluvial y la calidad de las aguas y disminuir los desembalses en cabecera sin merma de garantías en la cuenca cedente.

FRENTE COMÚN

El jefe del Consell aseguró que acabar con este trasvase “tendría un impacto especialmente negativo sobre Alicante, Murcia y Almería” e informó que la Generalitat va a impulsar un frente común con acciones concretas entre todas las comunidades autónomas afectadas, los regantes y los ayuntamientos.

Según destacó, la implantación plena del régimen de caudales ecológicos y las modificaciones en las reglas de explotación del trasvase que pretende aplicar el Gobierno “reducirían significativamente los volúmenes de agua disponibles para el regadío, lo que supondría una pérdida patrimonial total de 5.692 millones de euros, afectando a más de 27.000 hectáreas de regadío”, además de ocasionar la destrucción de más de 15.000 empleos.

En concreto, en la provincia de Alicante, “los efectos económicos sobre las explotaciones agrícolas ascenderían hasta una reducción de la producción estimada de casi 61 millones de euros y una pérdida de empleo calculada en algo más de unos 1.700 puestos de trabajo”, manifestó Mazón.