Según informó el Consejo en un comunicado este viernes, ha canalizado su posición a través de la Federación Europea de Mediadores de Seguros, con sede en Bruselas. Los mediadores europeos han defendido que, antes de adoptar cualquier posición al respecto, deben realizarse estudios e informes de impacto exhaustivos, tanto en el ámbito europeo como nacional, para analizar sus posibles efectos económicos y operativos.

Aunque el informe de la Comisión de Asuntos Económicos no tiene carácter vinculante, los mediadores puntualizaron que una eventual resolución del Parlamento Europeo puede orientar su posición política, influir en futuras iniciativas legislativas de la Comisión Europea y servir de referencia en las negociaciones entre las instituciones europeas.

Por ello, el Consejo General considera que cualquier eventual reforma debe abordarse teniendo en cuenta la diversidad de los regímenes fiscales existentes en los Estados miembros y el riesgo de que genere efectos no deseados, como la doble imposición.

En su opinión, el análisis de una eventual modificación del modelo fiscal debe contemplar también sus implicaciones sobre la competitividad del sector, las cargas administrativas, los objetivos de la Unión de Ahorro e Inversión y las actuales brechas de protección aseguradora. Para el Consejo General, estos elementos deben valorarse de forma conjunta antes de avanzar hacia cualquier cambio en el tratamiento fiscal de los servicios de seguros.