En un comunicado, los mediadores se refirieron a esta nueva autoridad, pendiente de ver la luz final para entrar en vigor y que será un nuevo organismo que unifique los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

“Establecer una tasa de 250 euros por cada reclamación que reciba un mediador, independientemente de su resolución, es una nueva forma de gravar la actividad de agencias y corredurías, aunque el importe lo abone la aseguradora”, se quejaron los mediadores en el comunicado.

Para los Colegios, la mejor forma de proteger al usuario es penalizando las malas prácticas después de demostrar fehacientemente que el mediador ha incurrido en ellas y “nunca a través de una tasa preventiva que primero recauda y luego dictamina la veracidad o no de la denuncia”.

Consideraron una “paradoja” que la administración “sea incapaz de perseguir las infracciones graves” a la Ley de Seguros y de la Competencia, que afectan a todo el sector, y ponga “especial cuidado en gravar” la presentación de una reclamación.

Cargaron contra los “teóricos que desconocen la casuística del negocio pero que tienen una extrema habilidad en explicar cómo tienen que hacerse la cosas”.