Ahora, los nuevos términos establecen que el nuevo organismo de defensa del cliente se financiará, en parte, mediante una tasa anual a pagar en función del número de casos fallados en contra de la empresa en lugar de a priori.

“Una medida lógica y ajustada a derecho”, opinaron desde el consejo de mediadores, que subrayaron que el anterior método “culpabilizaba a la empresa” desde el primer momento ya que, al establecer una tasa 'ex ante', se da “por buena una denuncia antes de demostrar su veracidad”.

“La mejor forma de proteger al usuario es mediante penalizaciones a las malas prácticas después de demostrar fehacientemente que el mediador ha incurrido en ellas. Nunca a través de una tasa preventiva que primero recauda y luego dictamina la posible culpabilidad”, explicaron desde el consejo para defender su posición.

Este parecer se ha materializado con la última modificación de la norma adoptada en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados, que pasará al Pleno junto al resto de la norma para su aprobación definitiva en las próximas semanas.

En este contexto, los colegios de mediadores alabaron la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero como “un paso más de apoyo a un usuario que no tiene cómo enfrentarse en muchos casos a la mala praxis”. No obstante, expresaron dudas sobre su funcionamiento “si no se dota a la institución de medios suficientes” y “diligencia para procesar en el menor plazo posible las reclamaciones e independencia”.