El comunicado califica de "actuación represiva" la decisión de despedir a varios facultativos de este centro, y asegura que "recuerda épocas anteriores, impropias de un Estado democrático".

Las mismas fuentes consideran que la opinión pública debe ser informada de los problemas sanitarios, especialmente cuando atañen a centros públicos costeados con el dinero de todos los contribuyente.

Tras señalar su repulsa hacia cualquier actuación que limite el derecho a la libertad de expresión, afirma el citado documento que ninguna información puede ser considerada "materia reservada", a menos que así lo disponga el Gobierno por medio de una ley.

"Los responsables de la mala gestión sanitaria deben asumir sus errores y no sancionar a aquellos trabajadores que denuncien su mal funcionamiento", señalan los médicos.

Por último, exigen la retirada inmediata del expediente disciplinari incoado a uno de los miembros de la Comisión de Médicos del hospital, por considerar que infringe derechos constitucionales tan obvios como el de libertad de expresión.