Así lo precisó en un comunicado emitido este lunes coincidiendo con la conmemoración mañana del Día Mundial de la Salud y en el que advirtió de que estos tres factores “se están produciendo simultáneamente y están dinamitando el derecho a la salud”.

“El resultado es una crisis que ha dejado de ser coyuntural, pasando a ser crónica, y que supone el desmantelamiento programado del derecho a la salud para los más vulnerables”, abundó, al tiempo que indicó que “crecen los conflictos y las necesidades”, pero la cooperación y la protección tanto a la población como al personal sanitario “retroceden”.

Tras preguntarse “qué significa hablar de “derecho a la salud” cuando recortamos la ayuda, bombardeamos hospitales y permitimos que falten millones de profesionales sanitarios”, la organización recordó que la OCDE “ya avisó” de que la ayuda global “cayó un 9% en 2024”.

“Para 2025 y el ya en curso 2026, las proyecciones son de un desplome de hasta el 17%. Pero lo más sangrante es la salud”, apostilló, al tiempo que explicó que se estima que la financiación sanitaria internacional “podría reducirse en tres quintas partes respecto a lo que se invertía hace apenas tres años”.

CONSECUENCIAS

En este contexto, subrayó que a efectos prácticos la reducción de un 60% de la financiación sanitaria respecto al año 2022 “significa que un programa de tratamiento contra el VIH en un país de renta baja, que depende en un 80% de fondos externos, deja de entregar medicinas”.

“O que la enfermera que hacía el seguimiento contra la desnutrición en una aldea remota ya no tiene salario ni gasolina ni moto para llegar. O que no se podrán entregar mosquiteras impregnadas de insecticida antimalárico en las aldeas. O lo que viene a ser lo mismo en términos numéricos: según un estudio de ISGlobal, una caída abrupta de la Ayuda Oficial al Desarrollo podría provocar más de 22 millones de muertes adicionales de aquí a 2030”, sentenció.

A este respecto, indicó que “romper el círculo exige tres compromisos básicos”, como son frenar los recortes y priorizar la financiación de la salud pública, exigir el “respeto absoluto” para el personal y las instalaciones sanitarias en todos los conflictos armados y garantizar agua, alimentos y cuidados esenciales “allí donde hoy sólo llegan bombas y destrucción”.

“En pleno siglo XXI, cuando pensábamos que avanzábamos en la consecución de la cobertura sanitaria universal, millones de personas están muriendo. Decidamos proteger de verdad la salud como un derecho en tiempos de paz y de guerra”, resolvió.