La ley ija a la comisión un plazo máximo de un año desde su aprobación para la presentación de un informe que determine los posibles efectos sobre la salud y el medio ambiente de este plástico.

Según informó hoy el ministerio, las conclusiones de la comisión de expertos "serán tenidas en cuenta" por el Gobierno, por lo que repercutirán sobre la utilización futura del PVC.

En la comisión están representados la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anaip), la Coordinadora de Organizaciones de Deensa Ambiental (Coda), Greenpeace, CCOO, UGT, el Instituto de Ciencia y Tecnología del Polímero, CEOE, UCE, el Instituto Carlos III y los ministerios de Industria, Agricultura y Sanidad, además del de Medio Ambiente que ejercerá de coordinador.