Así se recoge en el tercer 'Informe de indicadores de gobernanza ambiental', elaborado por SEO/BirdLife y dado a conocer este martes por su directora ejecutiva, Asunción Ruiz, en una comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados. El documento evalúa el desempeño de las administraciones e instituciones públicas españolas en materia ambiental.

El trabajo analiza el grado de cumplimiento de seis variables: cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cumplimiento del Derecho comunitario, conflictividad constitucional, actividad parlamentaria, fiscalidad ambiental y procesos de participación pública. Cada uno de esos indicadores obtiene una puntuación: 'claramente favorable', 'moderadamente favorable', 'moderadamente desfavorable' y 'claramente desfavorable'.

El primer informe, con datos cerrados a diciembre de 2017, otorgó la peor nota ('claramente desfavorable') a cinco de esos seis indicadores y la de 'moderadamente desfavorable' a la de participación pública.

La segunda edición, con datos hasta diciembre de 2019, iguala las puntuaciones en actividad parlamentaria y fiscalidad ambiental ('claramente desfavorable'), y participación pública ('moderadamente desfavorable'), y mejora las de ODS y conflictividad constitucional ('moderadamente favorable'), y cumplimiento del Derecho comunitario ('moderadamente desfavorable'). Es decir, solo aprobaron las estrategias de desarrollo sostenible y la conflictividad constitucional.

Y el tercer informe, que incluye información de 2020 y 2021, califica como 'moderadamente favorable' todas las variables salvo la de fiscalidad ambiental, que se mantiene con la peor nota ('claramente desfavorable'), y la de participación pública, cuya nota varía según si se califica al Gobierno español o los regionales.

INDICADORES

En relación a la actividad parlamentaria, el informe indica que 1.699 iniciativas tratadas en el Congreso entre 2020 y 2021 tuvieron un carácter medioambiental, lo que representa un 1,55% del total. "El medio ambiente siguió su tendencia positiva", destacó Ruiz, puesto que ese porcentaje fue de un 0,44% entre 2011 y 2016, y de un 0,80% de 2016 a 2019.

La energía fue el tema estrella entre 2020 y 2021, pues su presencia parlamentaria duplicó la del anterior periodo analizado, en tanto que el cambio climático subió 7,4 puntos porcentuales. Igualmente, aumentaron los asuntos relacionados con la gestión del agua y la biodiversidad.

La gran asignatura pendiente es la fiscalidad ambiental. La pandemia contribuyó a que España recaudara 19.750 millones de euros en impuestos verdes en 2020, un 10,3% menos que el año anterior, lo que sitúa a este país en "los últimos puestos del entorno de la Unión Europea", según Ruiz.

Respecto a la participación pública en asuntos ambientales, Ruiz apuntó "avances en número de convocatorias" de los consejos asesores de medio ambiente, tanto nacional como regionales, pero precisó que en sus resultados se registra "una escala de grises" porque resulta "habitual" escuchar quejas de los participantes por el poco margen que las Administraciones públicas dan para revisar propuestas legislativas a menudo extensas y complejas.

La participación pública se desglosa entre Administración General del Estado y comunidades autónomas. A escala estatal, y por tercera vez, el Gobierno obtiene una valoración de 'moderadamente desfavorable'. La Generalitat de Cataluña es el Ejecutivo autonómico con mejor valoración ('claramente favorable'), por delante de los gobiernos de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana ('moderadamente desfavorable'). "Todos ellos, con el piloto del semáforo en ámbar", según Ruiz. Mientras, están "en rojo" la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León, el Principado de Asturias y el Gobierno de Canarias.

El cumplimiento del Derecho comunitario supera el aprobado después de que España dejara de ser en 2021 el país de la UE con más procedimientos abiertos por la Comisión Europea por incumplir la normativa ambiental, al ser superado por Grecia y Francia.

Por otro lado, la conflictividad constitucional -es decir, el número de ocasiones en que el Tribunal Constitucional es llamado a expresarse sobre la constitucionalidad de normas legales ambientales y la actividad de los órganos de coordinación entre administraciones para que alguna recurra a este órgano judicial- obtiene una nota de 'moderadamente favorable'. Entre 2011 y 2016 hubo una "elevadísima conflictividad", según Ruiz, con 39 asuntos ambientales, esto es, casi 10 cada año. Después se pasó a una media de tres anuales entre 2018 y 2019, que ha subido a cuatro entre 2020 y 2021.

También aprueba el grado de cumplimiento de los ODS. "La evolución en la implementación desde nuestro primer informe de indicadores de 2018, que analizaba el bienio anterior, hasta el último informe es positiva. Hemos pasado de un suspenso sin ambages a situarnos en el piloto ámbar del semáforo, con una valoración moderadamente favorable en 2022, que mantiene la situación de 2020", indicó Ruiz.