Ese es el principal dato del análisis más exhaustivo realizado hasta ahora sobre este asunto, presentado este martes por WWF en una jornada en Madrid. El trabajo fue elaborado junto con el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (Cieda-Ciemat), la Universidad de Granada (UGR) y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC).

Esa investigación se dio a conocer a falta de una base de datos oficial y centralizada que analice la mortalidad ilegal de fauna protegida en España.

Según el trabajo, las autoridades públicas recopilaron 4.902 casos de delitos cometidos contra especies protegidas de fauna entre 2015 y 2020, que supusieron la muerte de al menos 8.784 animales.

Los delitos contra la fauna salvaje son devastadores para la biodiversidad, especialmente cuando afectan a especies amenazadas. El uso de veneno, la caza y pesca ilegales, el uso de métodos de captura prohibidos o el tráfico de especies suponen un grave riesgo para estas especies, y en muchos casos están relacionados con el crimen organizado u otros delitos, como el tráfico de drogas.

Pese a la gravedad de estos delitos, muy pocos llegan a ser juzgados porque se tratan por la vía administrativa (con una multa, por ejemplo) o se quedan sin resolver. Según la investigación, solo se produjeron 327 sentencias judiciales a partir de los 4.902 casos de crímenes contra la fauna registrados en España (un 6,67% de los casos), por lo que el 93% de los casos no son juzgados.

Las sentencias más frecuentes fueron por posesión de artes de caza y pesca ilegales (213 sentencias), compraventa ilegal de fauna (32) y uso de veneno (26).

En cuanto al número de casos, los crímenes más frecuentes son los envenenamientos (1.899), la caza furtiva (1.773) y el uso o posesión de métodos ilegales de captura (446). La impunidad es especialmente elevada en los casos de caza ilegal: solo un 0,8 % de los casos registrados acabaron en una sentencia judicial.

“LA PUNTA DEL ICEBERG”

Esos datos, obtenidos a partir de peticiones de información a las comunidades autónomas, son solo “la punta del iceberg”, según WWF, pues la mayoría de casos no se detectan. Por ejemplo, se calcula que tan solo uno de estos delitos (el uso de veneno en el campo) supone la muerte de alrededor de 10.000 animales cada año y que únicamente salen a la luz entre un 10% y un 15% de los casos de envenenamiento.

“La razón es la enorme extensión del territorio a cubrir, sumado a la falta de medios humanos, aunque tecnologías como el uso de dispositivos GPS en proyectos de conservación de la fauna, el desarrollo de unidades policiales especializadas o el uso de patrullas caninas contribuyen notablemente a la detección”, apuntó WWF.

Silvia Díaz, técnica del Programa de Especies de WWF España y coordinadora del proyecto europeo LIFE SWiPE (Persecución Exitosa de los Delitros contra las Especies Silvestres, por sus siglas en inglés), lamentó que, “aunque se ha avanzado mucho en este campo en los últimos años, el alto grado de impunidad que sigue existiendo en nuestro país y el estado crítico de la biodiversidad a nivel global, nos demuestra que queda mucho por hacer”.

Díaz agregó al respecto: “Los crímenes contra la vida salvaje no son delitos menores, pero las administraciones públicas siguen tratándolos como tales”.

La investigación de WWF España se enmarca en el proyecto europeo LIFE SWiPE, una iniciativa en la que 11 países han unido fuerzas durante tres años para reducir estos delitos, gracias a la mejora de la coordinación, la formación y la cooperación transfronteriza entre países.

El proyecto ha constatado que España está a la vanguardia europea en ciertos ámbitos de la lucha contra el crimen contra la vida silvestre. Por ejemplo, con los equipos multidisciplinares que combaten el uso de veneno en el campo.