Así lo subraya un informe del Consejo Económico y Social (CES) de España sobre ‘La realidad migratoria en España: Prioridades para las políticas públicas’ presentado este miércoles por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el presidente del CES, Antón Costas.

El informe resalta las dificultades que encuentran las personas migrantes para realizar trámites de extranjería para regularizar su situación como, por ejemplo, para acceder a una cita previa a través de internet, por falta de recursos, por largas demoras o por la inexistencia de citas disponibles.

Estos problemas se incrementan y retroalimentan con la proliferación del citado mercado alegal de citas. Son prácticas que acaparan los trámites de citas de forma automática en la red y los desvían a circuitos privados, pasando a estar disponibles solo en determinados servicios profesionales y a cambio de elevados importes. Este mercado alegal discrimina a las personas migrantes que no tienen suficientes recursos económicos para costear los procesos y dificultan la práctica de sus derechos.

En este sentido, el informe apunta la necesidad de habilitar vías de atención presencial para la obtención de citas previas en oficinas de extranjería para la realización de sus trámites. El análisis incide en que el tiempo medio de espera para obtener una cita supera todavía los nueve meses, de acuerdo con datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

El trabajo señala también problemas de las administraciones para ejecutar los tramites como, por ejemplo, la superación de los plazos máximos de resolución de tres meses para resolver expedientes de algunos procesos de extranjería o las desigualdades territoriales en la respuesta a esos trámites. Por eso, asegura que es necesario “agilizar” la resolución administrativa de procesos de acceso a la residencia y al empleo, entre otras cosas.

Igualmente, son necesarios “más recursos o mayor eficacia” en los procesos para superar la acumulación de expedientes pendientes, que creció un 27% en 2024 y mantiene a más de 242.000 personas migrantes en un “limbo administrativo” que la nueva regulación, la reforma del Reglamento de Extranjería, agravó al cerrarles la posibilidad de trabajar legalmente como la mayoría venían haciendo.

Además, la colaboración complementaria del Tercer Sector de Acción Social en este ámbito de la atención a los extranjeros, que “no puede diluir la responsabilidad de las Administraciones Públicas”, afronta también varios problemas estructurales, organizativos y de financiación, que “obstaculizan” la efectividad de los programas y la protección de las personas inmigrantes.

FLUJOS MIGRATORIOS

Por otro lado, el informe reclama un Pacto de Estado por la convivencia, ya que España vive un momento “crucial” porque están proliferando corrientes “xenófobas internacionales” en el país y ganando aceptación, especialmente, entre la juventud, a través de las redes sociales e identificando ya la inmigración como el segundo problema del país.

El CES apela a la necesidad de preservar la confianza y la tolerancia social como objetivo de los poderes públicos, principalmente. Así, el informe pide mejorar la información publica para conocer la “realidad” migratoria y cree “fundamental” profundizar en el conocimiento de sus patrones de integración y grado de convergencia con la población autóctona, ante la creciente relevancia de las segundas generaciones con origen migrante.

En concreto, en 2023, el 31% de los niños nacidos en España eran hijos de mujeres de otras nacionalidades. Asimismo, el informe analiza los flujos migratorios e incide en su descenso durante este 2025 en España y en Europa en general.

El presidente del CES señaló en la presentación del informe que se espera que estos descensos de llegadas continúen en 2026, ya que, hasta el pasado septiembre, el total de las llegadas regulares de migrantes se redujo más de un 30% respecto al año pasado en el mismo periodo.

Durante la presentación del informe, tras ser preguntada por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) del Gobierno para la regularización extraordinaria de extranjeros que está en trámite parlamentario, Elma Saiz refrendó la posición del Ejecutivo de “dialogar” con los grupos parlamentarios, a quienes pidió su apoyo y “responsabilidad”. En su caso, Antón Costas apoyó la ILP.

MUJER Y EMPLEO

El estudio también destaca la doble vulnerabilidad que sufren las mujeres migrantes, por cuestión de género y su nacionalidad, así como las dificultades de acceso al sistema, entre otras causas, por el desconocimiento de sus derechos. Esta situación supone un “reto” para las políticas públicas.

Por otro lado, el informe subraya la importancia de la población migrante en el empleo español y su impacto en el ámbito económico. Se estima que España precisará, hasta 2035, de 2,4 millones de empleos para mantener su nivel productivo y la “mayoría de ellos” los acapararán personas extranjeras.

Sobre la temporalidad del empleo de personas extranjeras, el informe señala que se sitúa en un 13,5%, frente al 32,6% de 2018. En el empleo joven (menores de 30 años), la temporalidad cayó del 55% al 23,9%.